jueves, 9 de julio de 2020

LAS MEDIDAS INNOMINADAS EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION IRREGULAR DE BIENES CONYUGALES.


LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS JUICIOS SOBRE ADMINISTRACION IRREGULAR DE BIENES CONYUGALES


Este tema ha sido muy controversial en el sentido de que por lo general cuando la pareja contrae matrimonio sin que anteceda unas capitulaciones matrimoniales, es el esposo quien se encarga de administrar los bienes comunes.

Con cuanta frecuencia hemos oído decir: “Mi esposo es quien se encarga de decidir en qué se invierte nuestro dinero, a mí no me dice nada y menos aún me rinde cuentas”

También hemos escuchado como “Yo creo que va a poner los bienes a nombre de sus padres o de un amigo de él (ella). ¿Puedo impedirlo?”

El Código Civil venezolano, establece lo siguiente:

Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.
Son bienes propios de los cónyuges los que pertenecen al marido y a la mujer al tiempo de contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación, herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo.
Se hacen propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el matrimonio:
(omissis)
7° Por compra hecha con dinero propio del cónyuge adquirente, siempre que haga constar la procedencia del dinero y que la adquisición la hace para sí”. 
Artículo 156: Bienes de la Comunidad Conyugal:
1° Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se hagan la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges.
2° Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges.
3° Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.
Por otra parte, son bienes comunes los ingresos percibidos por cualquiera de los cónyuges, provenientes de su profesión, trabajo, industria, jubilación, cesantía, durante la vigencia del matrimonio.
Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros, o de otros u otros.
Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal excepto entre cónyuges.
Pueden, con todo, ponerse en sociedad cuantos bienes se quieran, especificados”.

En cuanto a las capitulaciones matrimoniales el código sustantivo establece:
“Artículo 148: A falta de convención, (a falta de capitulaciones matrimoniales), rige lo señalado en ese artículo (la comunidad conyugal).

Entonces volviendo al ejemplo inicial, y, aquí nos apartamos un poco del tema central, las declaraciones contenidas en el documento de adquisición del bien, durante el matrimonio, que textualmente señalan que el dinero proviene en parte del ejercicio de libre comercio, de pequeños ahorros acumulados y el fruto personal del trabajo del legítimo cónyuge se convierte en afirmación que el dinero proviene de la comunidad conyugal, ello a tenor del artículo 152 y 156 supra citados.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 427, de fecha 25 de mayo de 2018, (Caso DAIRY YURIMA GARCIAPEREZ contra ALEX JAVIER DURAN CRUZ) estableció lo que sigue:
“Artículo 152.- Se hacen propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el matrimonio:
(Omissis)
7° Por compra hecha con dinero propio del cónyuge adquirente, siempre que haga constar la procedencia del dinero y que la adquisición la hace para sí.
Con respecto a la aludida disposición, la jueza de alzada en virtud de la oposición a la partición formulada por la parte demandada, se pronunció en los términos siguientes:
Aplicando la norma citada al presente caso, tenemos que no basta la afirmación de los cónyuges de que están de acuerdo con la frase: “la compra hecha con dinero de su propio peculio habido antes del matrimonio y, por lo tanto, no forma parte de la comunidad”, puesto que no son válidas las convenciones en contrario de los cónyuges sobre la comunidad conyugal conforme a la parte final del artículo 149 eiusdem; en consecuencia, se requieren tres condiciones para definir los bienes como propios de uno de los cónyuges: 1.- Que se haga constar que la adquisición se hizo para sí. 2.- Que la compra sea hecha con dinero propio del cónyuge adquirente y 3.- Que se haga constar la procedencia del dinero, condición esta última que o (sic) se cumple pues ni en el texto del documento, ni de las pruebas evacuadas, logró la parte demandada demostrar la procedencia del dinero, razón por la cual el inmueble se considera de la comunidad conyugal fomentada por los ciudadanos Alex Javier Durán y Dairy Yurima García Pérez, desechándose la oposición realizada. Y así se declara. (Destacado del original).
Del extracto que antecede se colige que la sentenciadora sí aplicó la disposición que se delata como infringida. No obstante, a juicio de esta Sala, equivocó su interpretación en cuanto al contenido y alcance de la misma.
En lo atinente al sentido que debe conferírsele a la norma in commento, importa destacar la posición del tratadista Francisco López Herrera, en su obra Derecho de Familia, Tomo II, páginas 38 a 42, al puntualizar lo siguiente:
No es raro observar en las decisiones de nuestros tribunales que se exija con harta frecuencia –a los fines de considerar como propio un bien comprado durante el matrimonio por uno de los esposos-  que se encuentren llenos los extremos previstos en ord.7° del art.152 CC (doble indicación: que la adquisición se hace para sí y el señalamiento de la procedencia del dinero del precio).
Esa posición como hemos dicho antes, no es conforme a Derecho. En primer lugar, la circunstancia de que tales exigencias se hayan o no cumplido, es materia que únicamente pueden alegar terceras personas; los cónyuges entre sí pueden valerse de todo género de pruebas a los efectos de establecer cuáles son los bienes propios de ellos y cuáles son los comunes de ambos. En segundo término y en cuanto concierne a las relaciones de terceros con los cónyuges, vale repetir que los bienes comprados por alguno de los cónyuges durante el matrimonio, son particulares o propios tanto cuando se ha cumplido los extremos exigidos por el ord. 6° del artículo. 152 CC, como también cuando se ha llenado lo previsto en el ord. 7° del mismo artículo. 152 CC (…).
También la jurisprudencia nacional ha sostenido que cuando se trata del caso señalado en el ord. 7° del artículo. 152 CC, la omisión por parte del comprador de las menciones allí exigidas, en el acto de la adquisición, no puede subsanarse a posteriori por declaración adicional del otro esposo, en el sentido de que este reconozca que el bien comprado previamente es propio y exclusivo de quien lo adquirió y por tanto no es común. Nos parece correcto este criterio, si se lo limita a las relaciones de los cónyuges con los terceros (en tales casos, de admitirse la simple declaración del otro esposo como sustituto eficaz de los requerimientos del ord. 7° del artículo. 152 CC, se podría dar ocasión a continuos fraudes); en cambio, estimamos que esa simple declaración es plenamente eficaz en cuanto concierne a las relaciones internas de los esposos entre sí, pues equivale a una confesión, sólo desvirtuable mediante la prueba de su simulación. (Destacado de la Sala).
(Omissis)
Como protección adicional a los derechos de terceros que puedan resultar afectados por manejos dolosos de los cónyuges, haciendo éstos aparecer como bienes propios de alguno de ellos los que han sido en realidad comprados con dinero común y viceversa, el últ. ap. del artículo. 152 CC indica que, en caso de fraude, quedan siempre a salvo las acciones de los perjudicados contra los cónyuges, para hacer declarar judicialmente a quien corresponden realmente los bienes adquiridos. Dichas acciones no son otras que la pauliana (art. 1297-1280 CC) y la de declaración de simulación (art. 1281 CC).
Atendiendo al criterio doctrinario precedentemente expuesto, encuentra esta Sala que en la causa bajo estudio los cónyuges suscribieron un documento público, ante el Registro Público del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, mediante el cual el ciudadano Alex Javier Durán Cruz, conjuntamente con otros ciudadanos, adquirió la propiedad sobre un bien inmueble ubicado en la Carrera 22, entre Calles 9 y 10, signado con el N° 9-68, consistente en un terreno y la casa sobre él construida, ubicado en la zona de ensanche de Barrio Obrero, Municipio Pedro María Morantes, Distrito San Cristobal del Estado Táchira. En dicho documento, la ciudadana Dairy Yurima García Pérez, cónyuge demandante, al igual que los cónyuges de los otros compradores, declararon:
(…) estamos en todo conformes con la compra contenida en el presente documento, quedando convenido de manera expresa que el inmueble objeto de la presente operación pasa a ser propiedad plena de los adquirentes, por compra hecha con dinero de su propio peculio habido antes del matrimonio y, por lo tanto no forma parte de la comunidad de bienes gananciales, todo de acuerdo a lo que establece el Artículo 152, numeral 7 del Código Civil Venezolano vigente. (Destacado de la Sala).
Al respecto, vale acotar que el artículo 1.360 del Código Civil prevé:
Artículo 1.360. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acera de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre simulación.
En armonía con los planteamientos que anteceden, observa esta Sala que el citado documento no fue objeto de tacha, ni ha sido tan siquiera alegada su simulación, fraude o dolo, razón por la cual debió atribuírsele pleno valor probatorio, siendo que la declaración de la cónyuge contenida en dicha documental debe ser entendida como una confesión extra litem, realizada ante funcionario público, sin que la misma haya sido desvirtuada por algún otro medio, considerando que ésta surte plenos efectos entre las partes.
“…OMISSIS…”
En la oportunidad de la contestación de la demanda, el demandado ciudadano Alex Javier Durán Cruz, por intermedio de su apoderada judicial la abogada Lissete Nathaly Durán Cruz, formuló oposición a que el inmueble que indica la demandante en el numeral TERCERO del libelo de la demanda, consistente en un inmueble ubicado en la carrera 22 entre calles 9 y 10, signado hoy con el Nro. 9-68, consistente en un terreno propio y casa en el construida, adquirido conforme consta de documento protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, en fecha 29 de agosto de 2005, inscrito bajo la matrícula 2005-LRI-T43-50, inserto a los folios 28 al 31 del expediente, se incluya en la liquidación de los bienes conyugales, alegando que “… el ciudadano Alex Javier Durán Cruz es copropietario de dicho inmueble pagado con dinero de su propio peculio, recibido antes del matrimonio, circunstancia esta que quedó plenamente establecida en el documento respectivo, lo cual es de pleno conocimiento de la demandante…”. (Sic).
Al respecto, esta Sala en refuerzo de la postura supra expuesta en la resolución del recurso de casación, estima pertinente profundizar en el contexto doctrinario argumentativo que sirve de sustento al criterio asumido en el caso bajo estudio. En este sentido, debe destacarse que:
En cuanto concierne a las relaciones internas de los esposos entre sí, deben considerarse como bienes propios los que cada uno de ellos compre durante el matrimonio con dinero particular suyo, sea que ese dinero provenga de la enajenación de otros bienes propios o de otras fuentes (v.gr.: dinero en efectivo recibido por causa de herencia, legado o donación); y ello independientemente de que el adquirente haya o no dejado constancia de que compra para sí y de la procedencia del dinero. El hecho de que no se haya dejado tales constancias puede dificultar la prueba de que el comprador pagó con dinero exclusivamente suyo, pero en todo caso él puede valerse –frente al otro esposo- de cualesquiera medios adicionales de comprobación.
La indicada conclusión se impone no solo por razones de lógica, sino además por motivos de equidad. En efecto, en la compra de bienes muebles, con harta frecuencia resulta poco menos que imposible dejar constancia escrita de la procedencia del dinero con el cual se paga y de que la adquisición la lleva a cabo el comprador para su peculio particular: sería entonces absurdo pensar que los bienes así habidos deban necesariamente reputarse comunes, aunque se hubiesen pagado con dinero propio, toda vez que ello significaría la consagración de un enriquecimiento injusto para uno de los cónyuges. Ahora bien, si existen casos en los que es evidentemente innecesario dejar las referidas constancias en el acto de adquisición, hay que admitir que dichas menciones no son indispensables. Por otra parte, si esto último es así, resulta obligado concluir que aun en los casos en los que se pudo dejar estas constancias, pero no se dejaron, el cónyuge adquirente siempre podrá demostrar al otro esposo que el bien comprado le pertenece de manera exclusiva. (Francisco López Herrera, Derecho de Familia, Tomo II, Páginas 39 y 40)
De la cita que antecede se colige que las menciones previstas en el artículo 152, ordinal 7°, del Código Civil en cuanto la procedencia del dinero y que la adquisición se hace para sí, no son indispensables cuando se trata de los efectos que éstas tienen entre los cónyuges, máxime cuando en el presente caso está plenamente reconocido por la cónyuge no adquirente el cumplimento de estos requisitos en el propio documento de compra-venta del bien inmueble, lo cual como se advirtió supra equivale a una confesión extra litem, realizada ante funcionario público, que solo podría ser desvirtuada mediante el alegato de la simulación.
En virtud de las consideraciones que anteceden, es que esta Sala declara con lugar la oposición a la demanda de partición de bienes de la comunidad conyugal formulada en fecha 27 de junio de 2016, por el ciudadano Alex Javier Durán Cruz y determina que el mencionado bien debe reputarse propiedad exclusiva del cónyuge adquirente y en consecuencia queda éste excluido de los bienes de la comunidad de gananciales objeto de partición, lo que conlleva a declarar parcialmente con lugar la demanda.”

Ahora bien, el código sustantivo establece:
“Artículo 171: En el caso de que alguno de los cónyuges se exceda de los límites de una administración regular o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está administrando, el Juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las providencias que estime conducentes a evitar aquel peligro, previo conocimiento de causa. De lo decidido se oirá apelación en un solo efecto, si se acordaren las medidas y libremente, en caso contrario.
Si las medidas tomadas no bastaren, el cónyuge perjudicado podrá pedir separación de bienes.”

En este orden de ideas el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama."

Asimismo, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.”

Si hacemos un análisis del artículo 171 del Código Civil venezolano, podemos entrever que
previo conocimiento de causa, el juez en jurisdicción civil, podrá a solicitud de uno de los cónyuges dictar las providencias que estime conducentes a fin de evitar el exceso de una administración irregular o los riesgos por imprudencia en el manejo de los bienes comunes de la comunidad conyugal de gananciales. En tal sentido, conforme a la regla general en materia de medidas cautelares, el artículo 585, establece que debe existir la pendencia de un juicio, puesto que las providencias cautelares se dictan con ocasión de un juicio, como requisito previo de procedencia.

Ciertamente, puede cualquiera de los cónyuges que considere que el cónyuge que administra el patrimonio de la comunidad, se excede de los límites de su administración o arriesgue con imprudencia los bienes comunes, solicitar mediante el procedimiento especialísimo contemplado en el artículo 171 del Código Civil las medidas que considere conducentes para evitar tal peligro, habiéndose formado conocimiento de causa.

Evidentemente, la citada medida es una de las cautelas denominada por la doctrina y la jurisprudencia como “innominada”, la cual deja a total arbitrio del juez la determinación de los caracteres de la misma, adaptándola a las necesidades de protección de la parte solicitante, debiendo investigar los hechos y en consecuencia, una vez empapado de la realidad de los hechos modificar, cambiar, revocar o dictar nuevas cautelas destinadas a proteger los bienes de la comunidad de una administración que exceda de la regular o de la imprudencia en el manejo de estos. Esta potestad de solicitar medidas o providencias conducentes a evitar el exceso en la administración regular o la imprudencia al manejar los bienes comunes por parte del cónyuge administrador, se fundamenta en la existencia en principio del matrimonio válidamente celebrado y de la existencia de una comunidad conyugal, en virtud de que puede existir un exceso o imprudencia al manejar por sí solos los bienes comunes que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, tal como lo rezan los artículos 156, 164 y 168 del Código Civil, el cual pertenece al mismo parágrafo, capítulo, título y libro que el artículo 171 en comentario.

 “(…) la idea de decretar una medida innominada que permita a un cónyuge ubicar los bienes de la comunidad conyugal cuyo paradero desconoce, por no ser él el administrador, luce una cautela justa en beneficio de los copropietarios.
Cuando la administración de los bienes comunes corresponde a uno solo de los cónyuges, quien no rinde cuenta al otro, debido a la propia esencia de la confianza y buena fe que rige el matrimonio, resultaría injusto que el otro propietario de los bienes no pudiera localizarlos si es que el administrador no le da noticia de ellos y sus resultas, y el cónyuge que no administra teme que el otro los dilapide o se exceda en la administración.
El artículo  171 del Código Civil, permite al Juez que conoce la denuncia sobre excesos en la administración, dictar las providencias que estime conducentes para evitar el peligro, previo conocimiento de causa.  Este poder que otorga tal artículo al Juez, ni siquiera hace necesario que se cumplan los extremos del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, y atiende a otro tipo de medidas innominadas. En consecuencia, una medida tendente a que se ubiquen los bienes de la comunidad conyugal en el estado en que se encuentren, es posible (…)”

 


203, del 09 de julio de 2010, respecto al artículo 171 del código civil, asentó:
“En este sentido, se observa que la disposición contenida en el artículo 171 de la ley civil sustantiva prevé la posibilidad para uno de los cónyuges de solicitar al juez que dicte las medidas tendientes a resguardar los bienes comunes, cuando el otro cónyuge que se ha encargado de administrarlos, se exceda en esa función. Pudiese ocurrir que uno de ellos pretenda que dichos bienes se vean a riesgo (sea por dilapidación o disposición de ocultamiento fraudulento), en cuyo caso, es absolutamente legítimo solicitar al órgano judicial la protección del patrimonio conyugal a través de una medida cautelar”.




domingo, 28 de junio de 2020

NUEVO CRITERIO PARA EL COBRO DE HONORARIOS DE ABOGADOS


El profesional del derecho en su ejercicio profesional tiene derecho a percibir honorarios profesionales tanto por sus actuaciones extrajudiciales como por sus actuaciones judiciales, es decir, es una consecuencia del ejercicio mismo de   la   profesión  y  así  está   determinado  en  la  Ley  de    Abogados y su Reglamento.

Los honorarios, básicamente son el legítimo derecho que tiene una persona, a una compensación económica adecuada por los servicios prestados. Tal y como lo afirma Apitz, etimológicamente, la palabra, ‘honorarios’ tiene su origen de la voz culta moderna (siglo XVIII) del francés honoraries, que es también voz culta tomada del latín jurídico honorarium-honorarii que, en Vitruvio y Ulpiano, ya significaba “derechos de las diferentes profesiones liberales”.

El maestro uruguayo Couture define a los honorarios como “el estipendio, retribución, forma de pago de los servicios que prestan los profesionales universitarios o personas cuya actividad, preferentemente intelectual las hace acreedoras a especial distinción”.

Osorio sostiene que los honorarios son “la retribución que recibe por su trabajo quien ejerce o práctica una profesión o arte liberal. Lleva implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor, dada la jerarquía de quien realiza la tarea específica que debe ser remunerada.

En criterio de Bello Tabares, los honorarios pueden definirse como la remuneración, estipendio o pago que recibe el profesional del derecho por las actuaciones que realice en nombre de otra, sea persona natural o jurídica, las cuales pueden ser judiciales o extrajudiciales.

El maestro Cuenca nos enseña, de manera sencilla y didáctica que los honorarios son la remuneración económica a que tienen derecho los abogados y procuradores por sus servicios profesionales.

Como podemos observar de los conceptos anteriormente citados, el abogado, como profesional, tiene derecho a percibir una justa y adecuada compensación económica acorde a los servicios prestados a su cliente, patrocinado o representado, bien como parte de su ejercicio profesional o en el desempeño de la función pública. La cuantía de dichos honorarios será convenida entre el cliente y el abogado, tomando en consideración lo dispuesto en el Reglamento de Honorarios Mínimos Profesionales, así como el tiempo dedicado, el interés económico del asunto, los límites temporales impuestos a la tarea del abogado, y la dificultad del caso, tomando en consideración los hechos, personas, documentación, complejidad y especialidad jurídica.

Los honorarios profesionales se podrán adoptar de diversas formas, pudiendo ser materializados por retribución fija, periódico o por horas, según sea el acuerdo que exista entre el cliente y el abogado, excluyendo del mismo a la cuota litis, punto que trataremos con mayor profundidad en el desarrollo del presente tema.

Es significativo destacar que el abogado en ningún caso adquirirá intereses personales en el asunto, en consecuencia, no podrá pagar, exigir ni aceptar comisión u otra compensación de otro abogado o de cualquier otra persona, por haberle facilitado o recomendado un cliente.

También es importante dejar claro, que no se pueden confundir los honorarios con las costas ni con las litis expensas. Las costas son aquellos gastos que se realizan desde el inicio del proceso hasta su conclusión, y son condenados a cancelarlas la parte que resultare totalmente vencida en un proceso o en una incidencia, debiendo en consecuencia, resarcir al vencedor de todos los gastos ocasionados por el proceso, por lo tanto, es una condena accesoria que impone el juzgador a quien resulte vencido totalmente en un proceso o en una incidencia. Por otra parte, las litis expensas son aquellos gastos a los cuales está obligado a sufragar el cliente en el proceso, y que no se encuentran comprendidos dentro de los honorarios profesionales a los que tiene derecho el abogado; entre esos gastos, tenemos, por ejemplo, los honorarios a expertos, fotocopias, viáticos, publicación de carteles, etc.

Existen dos (2) procedimientos para el cobro de los honorarios profesionales, según sea la naturaleza de la prestación del servicio, así tenemos que cuando se trata de actuaciones extrajudiciales y exista inconformidad entre cliente y abogado este tiene a su alcance el procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados.

En el caso de que la reclamación surja por actuaciones judiciales, o sea, se trata de actuaciones realizadas dentro de un proceso, la situación varia según el estado y la instancia en que se encuentra el procedimiento.


En la última de las mencionadas se cita la sentencia No. 67/2007 de la misma Sala Plena, la cual expuso que:

“… [E]sta Sala a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente, cuando se trata de honorarios generados por actuaciones judiciales, ha acogido (ver sentencias N° 26 del 17 de enero de 2007, N°136 y 137 del 25 de abril de 2007, y N° 197 del 1º de agosto de2007) el criterio de la Sala de Casación Civil del TribunalSupremo de Justicia, la cual -en sentencia N° RC00089 del 13 de marzo de 2003(Caso: Antonio Ortiz Chávez)- distinguió las cuatro situaciones que pueden presentarse, según el estado en que se encuentre el proceso en el que se hubiesen causado los derechos del abogado y, al respecto, precisó lo que de seguidas se transcribe:
(…)
‘… cabe distinguir de la redacción del mentado artículo 22, cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, de seguro, motivan trámites de sustanciación disímiles, a saber: 1) cuando, el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre en primera instancia; 2) cuando, se haya ejercido el derecho subjetivo procesal de apelación, y éste fue oído en el efecto devolutivo, es decir, el expediente se encuentra aún en el tribunal de cognición y, a la alzada, se remiten copias certificadas; 3) cuando, el recurso de apelación se haya oído en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia ha perdido la jurisdicción con respecto a ese procedimiento y, 4) cuando, el juicio haya quedado definitivamente firme.

Planteadas como han sido las cuatro situaciones posibles que pueden surgir dentro de un proceso en el cual se demanda el pago de honorarios profesionales judiciales, la Sala, establece el siguiente criterio:

1) Para el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental.

2) Por lo que respecta al segundo supuesto, el cual se presenta cuando, se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo, por lo que el expediente se encuentra aún en el tribunal de cognición, remitiendo a la alzada, sólo copias certificadas, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia.

3) En el tercer supuesto, el cual se materializa, cuando ejercido el recurso ordinario de apelación en un determinado juicio, éste fue oído en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia, ha perdido la jurisdicción con respecto a ese procedimiento, no obstante, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil, competente por la cuantía, todo esto con la finalidad dicha de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) El último de los supuestos planteados sea tal vez el de menos complicación, pues basta que el juicio haya quedado definitivamente firme, con lo cual sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales si es el caso, ya que el artículo 22 de la Ley de Abogados dice: ´...la reclamación que surja en juicio contencioso...´, denotándose que la preposición ‘en’ sirve para indicar el lugar, el tiempo, la situación, el modo, lo que significa, dentro del contexto del artículo mentado, la clara necesidad de que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos 1 y 2 antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales vía incidental en el juicio principal” (Destacado nuestro).
           
Esta categoría de supuestos son lo que norman en venezuela el procedimiento para la estimación e intimación de honorarios de abogados cuando se traten de actuaciones judiciales.

Destacamos este procedimiento porque es el más usual, además no deben acumularse en un mismo libelo actuaciones extrajudiciales y judiciales, no obstante, y así ha sido reiterado por la jurisprudencia podría incluirse, dentro de la estimación que haga, el monto correspondiente al estudio del caso y preparación de defensas.


viernes, 26 de junio de 2020

EL DESAFECTO O INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES COMO NUEVAS CAUSALES DE DIVORCIO EN VENEZUELA



Cuantas veces hemos escuchado en nuestras consultas como abogado la frase “doctor es que mi pareja no me quiere”, “se nos acabó el amor” o  “tenemos incompatibilidad de caracteres” y por tal motivo me quiero divorciar pero mi pareja no quiere firmar el divorcio. Pues bien, de acuerdo al criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia las causales de divorcio no son taxativas y los motivos de desamor, incompatibilidad de caracteres y desafecto son ahora causas de obtener el divorcio aún cuando el otro cónyuge no firme su acuerdo. Además, la Sala Constitucional de nuestro Alto Tribunal de la República interpretó el alcance del artículo 185 del Código Civil y en tal sentido amplio su alcance y dispuso ampliar las causales de divorcio.

La legislación venezolana en materia civil establece dos (2) procedimientos básicos para la disolución del matrimonio, por las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del código civil venezolano o mediante separación de cuerpo.

En nuestro país ahora las causa como “que ya no amas a tu pareja” o “porque al convivir juntos se dieron cuenta que no eran compatible” ya es un hecho, es decir, conforman las distintas causas o causales de divorcio establecidas en el código sustantivo (ex artículo 185) a las que se suman las demás causales.

Elprocedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público.


“Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.
Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante.
Todo ello obedece al respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en las sentencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, N° 446, del 15 de mayo de 2014, expediente N° 14-094; N° 693, de fecha 2 de junio de 2015, expediente N° 12-1163; y N° 1070, del 9 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916.

martes, 23 de junio de 2020

EL PROCEDIMIENTO CIVIL A LA LUZ DE LA SENTENCIA 397 DE LA SALA DE CASACION CIVIL.




A través de la mencionada decisión, cuyo fundamento es la potestad judicial de efectuar control difuso de la constitucionalidad de normas a la luz del artículo 334 de la Constitución, dicha sentencia estableció el procedimiento que en su criterio es expresión de la tutela judicial efectiva, a la luz del artículo 26 Constitucional las fases que podemos dividir de la siguiente manera:

I.- FASE DE ALEGACIÓN
De la demanda y su reforma
La fase de alegación y argumentación de las partes da inicio al proceso civil, en la cual el demandante debe acompañar junto al libelo todos los medios probatorios con los que se fundamente su pretensión, así como indicar expresamente los datos de los testigos que tenga a bien promover, en el entendido de que si no se cumple con la oferta probatoria conjuntamente con la demanda, no se admitirá luego. Se establece la exigencia de que las demandas de contenido patrimonial estén expresadas en bolívares, en unidades tributarias y en Petros.
Despacho saneador.-
En caso en que la demanda presente ambigüedades, el Tribunal podrá dictar un despacho saneador dentro de los 3 días de despacho siguientes, y si el demandante no lo hiciere el saneamiento, se declarará desistido el proceso, sin derecho a recurso alguno.
Admisión.-
La demanda será admitida dentro de los 3 días de despacho siguientes al lapso anterior, y en el caso en que se declarara inadmisible, el demandante podrá apelar del fallo dentro de los 3 días siguientes, debiendo decidir el Tribunal Superior dentro de los 10 días siguientes.
Citación del demandado.-
Se prevé la posibilidad de citar al demandado a través de llamada telefónica a su móvil o de correo electrónico, y en caso de imposibilidad, se practicará por carteles que serán fijados en la Secretaría del Tribunal, así como en el portal web el Tribunal Supremo de Justicia de la Circunscripción Judicial correspondiente. Luego de ello, comenzaran a trascurrir los lapsos a partir de que el Secretario deje constancia del cumplimiento de dicha publicación.
Tercerías.-
El demandado ya citado podrá solicitar la intervención de terceros antes de la oportunidad de la celebración de la audiencia oral de conciliación y mediación.
Audiencia de Conciliación y Mediación.-
Una citados tos los codemandados y terceros, se celebrará la audiencia de conciliación y mediación al 10° día de despacho siguiente, en la cual el Juez deberá mediar y conciliar las posiciones de las partes.
En el caso de llegarse a un acuerdo y de homologarse el mismo, se podrá apelar de la misma dentro de los 3 días de despacho siguientes, y el Tribunal Superior decidirá dentro de los 10 días de despacho siguientes.
Ausencia actor.-
Si el demandante no compareciere a la audiencia, se declarará desistido el procedimiento, terminándose con ello el proceso. Contra el fallo que lo declare desistido, podrá apelarse dentro de los 3 días de despacho siguientes, y el Tribunal Superior decidirá dentro de los 10 días de despacho siguientes.
Efectos.-
Contra ese fallo de segunda instancia no habrá casación, pero podrá interponer de nuevo su pretensión sólo después de transcurridos 90 días continuos.
Impugnación poderes.-
En la audiencia de mediación las partes podrán impugnar los poderes de su contraparte, para lo cual se tramitará una incidencia, de la que se podrá apelar su decisión dentro de los 3 días de despacho siguientes, y el Tribunal Superior decidirá dentro de los 10 días de despacho siguientes.
Contestación.-
Concluida la audiencia de conciliación y mediación sin éxitos, el demandado deberá contestar la demanda dentro de los 10 días de despacho siguientes, debiendo acompañar, junto a su escrito de contestación, todos los medios probatorios que considere pertinente, así como la indicación de los datos de los testigos que desee promover, con la salvedad de que si no realiza esta consignación no se le admitirán luego.
En el mismo acto podrá poner las cuestiones perentorias de fondo, como la falta de cualidad o interés del actor o el demandado, o la caducidad de la acción y la prescripción.
Confesión ficta.-
Si el demandado no diere contestación se le tendrá por confeso y el Juez deberá sentenciar dentro de los 3 días de despacho siguientes.
Cuestiones previas-
En el acto de contestación de la demanda se podrán oponer cuestiones previas, las cuales se decidirán como punto previo en la definitiva.
Reconvención.-
Asimismo, podrá el demandado reconvenir dentro de los parámetros que establece el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, aunque al ser materia de orden público podrá el Juez declarar la inadmisibilidad de la reconvención por inepta acumulación de pretensiones. En ese escrito reconvencional el demandado deberá promover todas las pruebas que crea pertinente conjuntamente con los datos de los testigos a evacuar, con la salvedad de que no le serán admitidos luego dichos medios probatorios.
La admisión de la reconvención se hará el mismo día o el día siguiente de su interposición, y en el caso de la inadmisión podrá el reconviniente apelar dentro de los 3 días de despacho siguientes, y el Tribunal Superior decidirá dentro de los 10 días de despacho siguientes.
Una vez admitida la reconvención, el actor-reconvenido deberá contestarla dentro de los 10 días de despacho siguientes, pudiendo oponer las cuestiones previas de los ordinales 9°, 10° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

II.- FASE DE SUSTANCIACIÓN
Actividad probatoria
La fase de sustanciación tendrá lugar luego de la contestación o verificada la subsanación de las cuestiones previas, dentro de los 3 días de despacho siguientes, por auto razonado, en donde se hará la fijación de los hechos y de los límites dentro de los cuales quedó trabada la relación sustancial controvertida, fijando un lapso de 8 días de despacho siguientes para la promoción de los medios de prueba elegidos; las partes tendrán un lapso de 3 días de despacho siguientes a los fines de realizar la oposición a las pruebas promovidas por ser ilegales o impertinentes.
Admisión.-
El juez admitirá las pruebas dentro de un lapso de 3 días de despacho siguiente, pudiendo las partes apelar de la misma dentro de los 3 días de despacho siguientes, caso en el cual el Tribunal Superior decidirá dentro de los 10 días de despacho siguientes.
Evacuación.-
Una vez admitidas las pruebas, el Juez dictará un auto expreso donde ordenará la evacuación de las mismas dentro de un lapso de 10 días de despacho si son documentales, y de 30 días de despacho si se refieren a pruebas de experticias o inspección judicial.

III.- FASE DE DECISIÓN
Concluida la evacuación de las pruebas, el Juez, al término del 2° día siguiente al vencimiento del lapso de evacuación procederá a fijar en el lapso de 5 días de despacho siguientes, mediante auto expreso, la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio.
Audiencia de juicio
La fase de decisión tendrá lugar dentro de la audiencia de juicio. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, o el demandante no comparece el proceso se extinguirá. Si no comparece el demandado se aplicará lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Contra dichos pronunciamientos las partes podrán apelar en ambos efectos dentro de los 3 días de despacho siguientes a la decisión.
Prolongación de la Audiencia de Juicio.-
La audiencia o debate oral podrá prolongarse por petición de cualquiera de las partes, hasta agotarse el debate en el mismo día, con la aprobación del juez. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, el juez podrá fijar otra en el día de despacho siguiente para la continuación del debate, y por una sola vez.
En la audiencia de juicio, las partes dispondrán de un máximo de 15 minutos, se recibirán las pruebas de ambas partes comenzando siempre con las del demandante, en donde no se les permitirá la lectura de escritos, salvo que se trata de algún instrumento o prueba existente en los autos a cuyo tenor deba referirse la exposición oral.
Evacuación de las pruebas
Será en dicho acto cuando las partes presentarán los testigos que hubieren promovido con el libelo o la contestación de la demanda, o hasta el lapso de promoción de pruebas, estos deberán comparecer sin necesidad de notificación, a menos que el promovente la solicite expresamente.
Evacuada la prueba de alguna de las partes, el juez concederá a la parte contraria, un tiempo breve, para que haga, oralmente, las observaciones que considere oportunas.
Iniciativas probatorias del juez.-
En esta audiencia el Juez contará con amplios poderes probatorios, pudiendo preguntar a los testigos y a las partes, y ordenar de oficio la evacuación de cualquier otro medio probatorio.
Sentencia.-
Finalizada la evacuación de las pruebas, el juez se retirará de la audiencia por un tiempo que no excederá de 60 minutos. De regreso, el juez pronunciará su sentencia oralmente, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato, en cuanto a su dispositiva, a forma escrita.
Esta decisión deberá ser publicada dentro del lapso de 10 días de despacho siguientes, debiendo contener los requisitos de los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Contra el pronunciamiento definitivo las partes podrán apelar en ambos efectos dentro de los 5 días de despacho siguientes a la decisión.

IV.- PROCEDIMIENTO DE SEGUNDO GRADO DE JURISDICCIÓN.
En segunda instancia, el procedimiento quedó de la siguiente manera: oída la apelación, al ser recibidos los autos, el Tribunal Superior competente le dará entrada dentro de un lapso de 3 días de despacho.
Las partes tendrán un lapso de 10 días de despacho siguiente a la entrada del expediente para presentar sus informes, en la cual podrán promoverán sus pruebas, las cuales únicamente se limitarán a los documentos públicos y documentos públicos administrativos. Los mismos podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda.
Las observaciones a los informes se realizarán dentro de los 8 días de despacho siguientes.
Concluido el lapso probatorio, se fijará una audiencia oral, la cual se verificará dentro de los 5 días de despacho siguientes a la preclusión del lapso anterior, en la cual se evacuarán las pruebas y se oirán los informes de las partes. En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal ejecutor.
Concluido el debate oral, el Juez Superior se retirará de la audiencia por un tiempo que no será mayor de 60 minutos. En la espera, las partes permanecerán en la Sala de Audiencias. Concluido dicho lapso, el Juez Superior deberá pronunciar su fallo en forma oral, debiendo reproducir en todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los 10 días de despacho siguientes. Contra la referida decisión procede el recurso extraordinario de casación, si cumple con los requisitos de la ley. A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se deberá dejar transcurrir íntegramente dicho lapso.
Cabe destacar que la reforma establecida en este fallo, por vía del control difuso de la constitucionalidad, se aplicará tanto al procedimiento ordinario como a los distintos procedimientos especiales del vigente Código, pues dicha sentencia apuntó lo siguiente:
“De esta manera y conforme a los postulados constitucionales vigentes, integrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y vista la pre-constitucionalidad de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, que claramente determina lo vetusto y desajustado del procedimiento civil vigente, en torno a la nueva visión del proceso de la Constitución promulgada en el año de 1999, y en función a la obligación del Estado de adecuación de los procedimientos a las garantías constitucionales existentes como son el juicio breve, oral y público, para garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles, que garantice el derecho a la defensa y al debido proceso (artículo 257 de la Constitución) y en búsqueda de la aplicación del principio de la realidad sobre la forma, esta Sala de Casación Civil se ve en la obligación, vista la omisión legislativa de adaptar el nuevo proceso civil a la Constitución vigente por vía del control difuso constitucional (artículo 334 de la Constitución), a fin de integrar las normas y dar coherencia al procedimiento, actualizándolo de acuerdo a los postulados constitucionales, fija las siguientes reglas para el nuevo procedimiento civil único, hasta tanto el Poder Legislativo cumpla con sus funciones y se subsuma la omisión legislativa al respecto,

Esta sentencia entrará en vigencia a partir de la revisión que de la misma efectué la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, y su posterior publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, quedando establecido el nuevo procedimiento único civil.

lunes, 22 de junio de 2020

EL DOCUMENTO PUBLICO Y PRIVADO EN VENEZUELA.





El poder documentar los hechos, acontecimientos, actos, negocios jurídicos o declaraciones constituye un importante paso a la hora que se tenga necesidad de probar los mismos.

El documento escrito ofrece una seguridad y tranquilidad tanto a las partes como a los terceros, de alli que se establezca dos especies de documentos, unos privados y otros publicos.


El documento no es mas que la expresión de la voluntad del interesado o interesados acerca de un acontecimiento, hecho, acto o negocio jurídico del cual procuran establecer un medio de prueba, tambien como alguna formalidad que la ley exige la escritura, como es el caso de la venta.

Los documentos pueden ser públicos y privados. Los documentos públicos son aquellos que han sido autorizados por un funcionario publico conforme lo establece el código civil, en tanto, que los privados son aquellos en los cuales no ha habido intervención de ningún funcionario publico para su aprobación, sin embargo en algunos casos a pesar de intervención del funcionario publico siguen siendo privados por ejemplo cuando se constituye una hipoteca, en este caso hipotético, a pesar de haber sido autenticado el documento sigue siendo privado, por supuesto, en esta ocasión no entraremos en mayores comentarios.


El documento publico nace publico desde su origen por haber sido autorizado por un juez o funcionario publico capaz de darle fe publica, en este caso, se dice que el documento publico es erga omnes, es decir, oponibles tanto a las partes como a los terceros.

En el documento privado no interviene funcionario publico alguno, en este supuesto, el documento solo tiene efectos entre las partes.

El instrumento publico esta regulado en el artículo 1.357 del Código Civil y el instrumento privado en el artículo 1.363.

Tanto el documento publico como el documento privado constituyen medios de prueba acerca de su contenido y firma, salvo que el documento haya sido objeto de tacha, como medio de prueba se encuentra desarrollados en los artículos 1.355 y 1.356 del código sustantivo y 506 y 429 del Código de Procedimiento Civil. 







domingo, 10 de septiembre de 2017

LA INAMOVILIDAD LABORAL vs EL DESPIDO LABORAL



Lo primero que hay que aclarar es qué se entiende por inamovilidad laboral, porque a menudo en el acontecer diario me encuentro con trabajadores, empleadores, sindicalistas y hasta colegas abogados que en mi opinión no entienden el concepto de inamovilidad laboral o lo entienden y pretenden abusar de él.


A mi juicio, la inamovilidad laboral no es más que: El mecanismo de protección que usa el Estado a favor de los trabajadores contra las conductas arbitrarias del empleador, patrono o representantes de este en despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones laborales sin justa causa, es decir, que el derecho de estabilidad absoluta en el trabajo está protegido con la envestidura de la inamovilidad laboral, pero también está limitado al hecho de que el trabajador no incurra en alguna causal de despido o lo que la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 102 denomina: “Causas justificadas de despido”, aconsejo leer este artículo de la LOTTT sin excepción.
Ahora bien, hay que insistir y repetir hasta el cansancio que la inamovilidad solo protege o debería proteger a quien no esté incurso en alguna causal de despido, ya que a menudo escucho de algunos trabajadores o sindicalistas comentarios como estos: “No a mi no pueden botar porque hay Inmovilidad”, esto no es cierto de ningún modo y basta señor que usted falte al trabajo tres veces en un mes injustificadamente para que el Inspector del Trabajo autorice a su empleador para despedirle calificando el despido como justificado.
Entonces ¿Quiénes tienen Inamovilidad en nuestro país y por ende derecho a intentar un procedimiento de reenganche en las distintas Inspectorías del Trabajo en caso de un despido sin calificación previa por parte del órgano administrativo (Inspector del Trabajo)?, bueno existe muchos casos en nuestra legislación los más comunes son los siguientes: a) Quienes no devenguen como salario básico un monto superior a tres salarios mínimos salvo algunas excepciones; b) Los Delegados de Prevención hasta tres (3) meses después de vencido el término para el cual fue elegido o elegida, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo; c) Quienes gocen de Fuero Sindical; d) Quienes gocen de fuero maternal o paternal desde el momento de la concepción a un año después del parto; e) Los trabajadores cuya relación laboral este suspendida.
Este ha sido un tema álgido en los últimos años en Venezuela debido a la restricción para efectuar despidos, debido a la inamovilidad y la estabilidad. A menudo se emplean indistintamente estos términos, para referirse a la limitación del patrono de dar por terminada una relación de trabajo de forma unilateral, sin caer en cuenta que la naturaleza, finalidad y efectos jurídicos de ambas instituciones son diferentes

En cuanto a la naturaleza, son muchos los autores que las distinguen. Una de las corrientes restrictivas, señalan que la estabilidad se divide en “estabilidad absoluta” también llamada “inamovilidad” y la “estabilidad relativa” o “impropia”; mientras que otras corrientes de esta índole, diferencian entre estabilidad absoluta, estabilidad relativa e inamovilidad.

A pesar de lo anterior, la inamovilidad es como una protección especial y provisional al trabajador que atiende a un interés específico que puede ser colectivo o social (p.e.: sindical, salud, seguridad laboral, familia, entre otros).
Tanto la inamovilidad como la estabilidad se encuentran definidas y reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”), según la cual los trabajadores que gozan de inamovilidad no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin que el órgano competente lo autorice, debiendo existir una causa justificada para ello. Asimismo, consagra que la estabilidad se refiere al derecho de los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo y que se traduce en una limitación de toda forma de despido no justificado.

En ambas instituciones se genera a favor del trabajador el derecho a ser reincorporado al cargo y/o puesto del que fue privado, cuando el patrono no hubiere participado el despido o solicitado la autorización del mismo con base en una causa justificada ante el ente competente. Sin embargo, en la estabilidad se otorga el derecho al trabajador a renunciar a este procedimiento siempre que acepte voluntariamente una indemnización equivalente al monto de su garantía de prestaciones sociales, mientras que en la inamovilidad no está planteada legalmente esta situación.

Adicionalmente, existen una serie de diferencias entre una y otra figura, relacionadas con el lapso para la interposición de los procedimientos (en caso de estabilidad, para solicitar la calificación el patrono cuenta con 5 días hábiles y el trabajador con 10 días hábiles; en caso de inamovilidad, tanto patrono como trabajador tienen 30 días para interponer calificación o reenganche, respectivamente), así como en el momento de la emisión de las órdenes de reenganche (en caso de estabilidad, debe ser dictada sentencia firme; en el supuesto de inamovilidad, una vez solicitado el reenganche si cumple con los requisitos se ordena el reenganche, pago de salario caídos y continúa el procedimiento)  y sobre los órganos que son competentes en uno u otro caso, ya que si existiere  inamovilidad conoce la Inspectoría del Trabajo y si se trata de estabilidad le compete a los Tribunales del Trabajo

Con respecto a cuáles trabajadores están amparados de estabilidad o de inamovilidad, gozan de estabilidad los contratados a tiempo indeterminado (a partir del primer mes de servicio), a tiempo determinado o para una obra determinada, mientras no hubiere vencido el contrato o no hubiere concluido la obra o parte de ella para la cual fue contratado.

La inamovilidad, por ser especialísima, está reservada para los trabajadores con fuero sindical, fuero maternal y paternal, fuero de adopción, trabajadores durante suspensión de la relación de trabajo, trabajadores con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les dificulte valerse por sí mismo, u otros que contemple la ley u otro decreto.

No obstante, en la actualidad se vislumbra un escenario de ”inamovilidad genéral”, esto es un derecho para todos los trabajadores que está consagrado por el Gobierno Nacional, desde hace doce años y de forma ininterrumpida, a través de un “Decreto de inamovilidad laboral” cuya finalidad ha sido la protección de despedir, trasladar o modificar condiciones laborales de determinados trabajadores, y que ya hace dos años hizo extensiva tal inamovilidad a todos los trabajadores luego del primer mes de servicio, exceptuando sólo a los trabajadores que ostenten  cargo de dirección, confianza, los temporales, eventuales y ocasionales.

Al encontrarse en vigencia la inamovilidad laboral por medio del decreto presidencial en los términos expuestos, pareciera entonces quedar suspendida la aplicación de la estabilidad, así como los artículos que se refieren a ésta en la LOTTT, para darle paso a una protección mayor. El efecto práctico de ello es que la inamovilidad deja de ser especial y provisional para convertirse en ordinaria y permanente. En consecuencia, es necesario estar atento a la continuidad del decreto, así como a los términos en los que éste se encontrare redactado, ya que de ello dependerá si existirá o no una continuidad de la inamovilidad genérica.

Es recomendable flexibilizar la inamovilidad laboral a los fines que pueda tener vigencia la estabilidad laboral, tal cual como se encuentra consagrada en la ley. Esto además para que pueda acudirse a jueces naturales de cada caso y sea objeto de un adecuado debate probatorio la procedencia. Adicionalmente, esto lograría una descongestión de la sede administrativa que hoy en día se ve conglomerada y atiborrada, por ser competente en todos los asuntos relacionados con este tema.

Las anteriores consideraciones son pertinentes a los fines de que tanto patronos como trabajadores, vislumbren en qué escenario jurídico se encuentran y puedan actuar correctamente en la mejor defensa de sus derechos e intereses.  No obstante, mientras se mantenga la inamovilidad genérica es recomendable que todo patrono documente  lo atinente a las relaciones de trabajo cuyo objeto no sea otro más que prever consecuencias jurídicas de índole económicas y/o penales.

Cabria hacernos la siguiente interrogante ¿Qué Trabajadores están de la inamovilidad laboral?
Por ejemplo: a) los trabajadores que ejerzan cargos de dirección; b) los trabajadores que ejerzan cargos de confianza; c) los trabajadores de temporada, eventuales y ocasionales, d) La estabilidad laboral de los funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En fin, el patrono, empleador o representante del patrono no podrá invocar causas injustificadas para despedir un  trabajador, ni trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones laborales ni tampoco despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo  sin antes haber obtenido la correspondiente autorización del Inspector del Trabajo que lo autorice para ello y siempre oyendo al trabajador y otorgándole las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Las opiniones y comentarios contenidas  en este espacio están sujetas a la normativa contenida en el Decreto-Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas vigentes.













SENTENCIA 097 DEL 14 DE MAYO DE 2019. SALA CONSTITUCIONAL. CRITERIO VINCULANTE.

  SENTENCIA 097 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 14 DE MAYO DE 2019. CRITERIO VINCULANTE.   La Sala Constitucional del Tribunal Supremo d...