lunes, 20 de julio de 2020

LAS CAUSAS QUE LIMITAN LA JURISDICCION DE LOS ORGANOS JUDICIALES.


ABOGADOS ASOCIADOS
DR. ALBERTO CHUQUI

LA COMPETENCIA OBJETIVA DEL JUEZ

COMO LIMITE DE LA JURISDICCION



En el derecho procesal civil los términos de jurisdicción y competencia tienen relación estrecha en tanto y en cuanto que la competencia objetiva constituye un límite de la jurisdicción, entendida esta última como el poder del Estado del cual están investidos los funcionarios encargados de administrar justicia; que la jurisdicción es el género en tanto que la competencia objetiva era la especie, de allí el aforismo que todos los jueces tienen jurisdicción pero no competencia porque esta última se convierte como una medida en el ejercicio de la jurisdicción.

La competencia es definida por Couture como la “Medida de Jurisdicción” atribuida a cada juez. Es decir, si bien todos los tribunales tienen facultad jurisdiccional para administrar justicia, no todos la administran en la misma medida, ya que existen indicadores de competencia que delimitan las funciones jurisdiccionales dependiendo de ciertos factores como el territorio, la materia, la cuantía, la funcionalidad (destinada a los recursos), entonces desde esta óptica podemos afirmar que la competencia objetiva se clasifica en originaria y funcional.

Couture, nos dice que la relación entre jurisdicción y competencia es la relación entre el todo y la parte. La jurisdicción es el todo; la competencia la parte: un fragmento de la jurisdicción.

En este sentido, tenemos por ejemplo que un Tribunal en lo Civil (competencia por la materia) puede tener competencia sólo en una determinada localidad o estado (competencia por el territorio), por lo que sólo podrá conocer de los asuntos civiles en ese lugar específico. No es que no tenga jurisdicción en otro lugar, sino que no tiene la misma competencia territorial (competencia originaria).

Por ejemplo un Juez que tiene jurisdicción en Maracaibo es igual al Juez que tiene jurisdicción en Caracas, lo que está en entredicho es su competencia territorial, ambos son jueces y están investidos del poder de administrar justicia, lo que limita esa jurisdicción es la competencia originaria y funcional (materia, cuantía, territorio, jerarquía).

En algunas situaciones se confunde o tienden a confundirse a la jurisdicción como territorio, ó sea, la jurisdicción haciendo referencia al territorio. Lo correcto es “competencia territorial” en tal caso. Por eso es incorrecto decir “no está en la jurisdicción de ese tribunal”, puesto que por un lado, todos los tribunales tienen la misma jurisdicción nacional, y por el otro, sólo los tribunales tienen jurisdicción, por eso se les llama “órganos jurisdiccionales”.

Entonces, la competencia es una medida de jurisdicción determinada por diversos factores según la legislación y la rama jurídica para descentralizar la función del Estado de impartir justicia a través de tribunales encargados de asuntos especificos.

De allí que podemos concluir con la siguiente máxima jurídica:

En sentido general es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia y es lo que denominamos actividad jurisdiccional; de allí que podamos afirmar que es la potestad, facultad, poder o autoridad de que se hayan investidos a los jueces para administrar justicia y hacer cumplir lo juzgado. De allí que el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa lo siguiente:
“Articulo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”.

Ello significa que la jurisdicción es única, una sola, es la actividad de administrar Justicia. Jurisdicción es la actividad realizada por los tribunales de la República.

La competencia objetiva: Criterio que permite distribuir el ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los órganos judiciales de un mismo orden jurisdiccional en atención a la naturaleza de la pretensión procesal que constituye el objeto de cada proceso, considera la competencia objetiva a la materia, cuantía y territorio.

La competencia funcional: Criterio que determina a que órgano jurisdiccional corresponde conocer y decidir las incidencias y recursos que se presentan en el proceso. Téngase como funciones específicas que se les ha encomendado por ejemplo el Tribunal de Primera Instancia que es el llamado a conocer, sustanciar, decidir y ejecutar la sentencia, el Juez de Alzada (Juez Superior en el orden vertical) que conoce de los recursos de impugnación tanto de apelación, como los de casación (Tribunal Supremo de Justicia).


1. Es improrrogable: en principio las partes no pueden convenir en que el asunto sea decidido por un juez distinto a aquel a quien le corresponde conocer el asunto de acuerdo a las limitaciones jurisdiccionales; ni tampoco los jueces pueden derogar su competencia discrecionalmente. Existen excepciones determinadas en el propio código de procedimiento civil, que será objeto de estudio más adelante. 
2. Es indelegable: los jueces no pueden delegar sus funciones, aunque hay quienes piensan que la figura de la comisión y exhorto es una especie de delegación.
3. Es de orden público: las limitaciones jurisdiccionales establecidas a los jueces se hacen por razones de orden público inderogables, o sea, las partes no las pueden convenir a sus propios intereses, por ejemplo el conocimiento de una especifica causa por la cuantía no queda a discreción del actor ya que él debe estimar su demanda para asignar a que tribunal le corresponde conocer la misma.
4. Es aplicable de oficio: la incompetencia por la cuantía, valor y territorio pueden ser declaradas de oficio por el órgano jurisdiccional cuando advierte causal para ello.

El Código de Procedimiento Civil ha establecido expresamente en las disposiciones fundamentales del título preliminar que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, a menos que la ley disponga otra cosa.

A su vez este punto está relacionado con el principio de la perpetuatío jurisdictionis donde se ha establecido que la competencia del juez después de que se realiza la citación del demandado, no sufre alteración por los cambios posteriores a las circunstancias que lo habían determinado.

Tomando en cuenta el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el momento determinante de la jurisdicción es el de la presentación de la demanda en base a la situación existente en el momento que la demanda es propuesta, en resguardo de la seguridad jurídica.

Este principio no significa que la competencia no pueda modificarse en el curso del proceso por los efectos de la reconvención o de las excepciones del demandado, que justifican un desplazamiento de la competencia en razón de la conexión.

Antes de hablar de incompetencia, es necesario aclarar que existe una diferencia entre ésta y la falta de jurisdicción.  Los límites de la jurisdicción del juez, que le imponen ciertas reglas de la competencia, están destinados a operar, exclusivamente los diversos órganos del Poder Judicial de la Republica, que es a quien corresponde en la división del Poder Público, el ejercicio de la función jurisdiccional, y operan esos límites, en sentido positivo, de atribución de cierta esfera de poderes y deberes que idealmente están comprendidos en la función genérica de administrar justicia (jurisdicción). Por tanto, cada vez que se propone la demanda ante un juez que no le corresponde conocerla según las reglas de la competencia, se dice que dicho juez es incompetente.

La incompetencia es una determinación de signo negativo, que excluye al juez del conocimiento de la causa, pero al mismo tiempo positivo, porque determina cual es el competente, por estar el asunto comprendido dentro de la esfera de sus poderes y atribuciones legales. Así, al declararse la incompetencia  del juez para conocer de la causa, se declara también cual es el competente ( en principio porque puede darse el caso de que el elegido a su vez declare su propia incompetencia) para ello entre los demás órganos entre el poder judicial. El juez incompetente tiene jurisdicción, pues al ser elegido juez, queda investido del poder orgánico de administrar justicia, y solo le falta la competencia, en cuanto al asunto en concreto sometido a su conocimiento, no está comprendido dentro de la esfera de poderes y atribuciones que positivamente le asignan las reglas de la competencia.

En tanto que, hay falta de jurisdicción, cuando el asunto sometido a consideración del juez, no corresponde en absoluto a la esfera de poderes y deberes que idealmente están comprendidos dentro de la función de administrar justicia, sino a la esfera de poderes que asigna la constitución y la ley a los órganos del Poder Público. En estos casos ningún juez u órgano del Poder Judicial puede conocer de la demanda por falta de jurisdicción. Por ejemplo cuando un asunto determinado esta atribuido su conocimiento a la administración publica pero que se somete al conocimiento de un ente judicial.

Resumiendo, podemos afirmar que estamos en presencia de problemas de jurisdicción, cuando se discute sobre los límites de los poderes de los jueces en contraposición con los órganos de la administración pública, y cuando se discute de los límites de los poderes del juez venezolano frente a un juez extranjero. Y estamos en presencia de problemas de competencia, cuando se discute sobre los límites de los poderes de los jueces venezolanos entre sí.



Tendríamos la competencia originaria y la competencia funcional.

Entre la competencia originaria, tenemos como limites de la jurisdicción los siguientes:

Se justifica por razones geográficas o de territorio en los cuales señalan el lugar de la República donde el actor debe dirigir su demanda y el demandado acudir a su defensa. Este tipo de factor o limite puede ser derogado previamente por las partes en vista de que privadamente (contrato) las partes hayan dispuesto un determinado lugar como domicilio especial y excluyente para acudir y someter el conocimiento de la causa a un juez de ese lugar.

Se determina por la naturaleza de la cuestión discutida y por las disposiciones legales que la regulan. Hay que tomar en consideración la causa de pedir (causa petendi) y el objeto (petitum). Al momento de proponer la demanda el demandante debe  observar si conforme a los criterios tipificados en la Ley  para determinar la competencia, es correcto para conocer de esa demanda un tribunal especifico, es decir, si la naturaleza del asunto es laboral entonces la demanda debe dirigirse a un tribunal con competencia en materia laboral, si es civil debe interponerse la demanda ante un tribunal que conozca de materia civil y así sucesivamente.

En ese orden de ideas, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“Artículo 28. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones que la regulan”.

El valor o la cuantía del asunto controvertido, se toma en cuenta para determinar también cual es el tribunal a quien en definitiva le corresponde el conocimiento de la causa. Aquí se atiende al aspecto cuantitativo de la acción y ella se calcula en base a los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 29 del Código de Procedimiento Civil, ya que ese cuerpo normativo contempla varia hipótesis para el cálculo de la cuantía o valor de la demanda.

Esta competencia opera por el enlace entre dos o más juicios a fin de evitar sentencias contraria y contradictorias. La conexión y la continencia no funciona como límites de la jurisdicción del juez para establecer su competencia, sino más bien como causas modificadoras de las reglas ordinarias de competencia, las cuales desplazan la competencia a otro juez igualmente competente, por el hecho de estar conociendo causas iguales o conexas.

Entre las causas que están siendo conocidas por jueces diferentes puede existir una identidad absoluta entre sujetos, objeto y título. A este supuesto se le conoce como litispendencia. Es el supuesto de proponer una demanda dos veces, y en este caso el legislador aspira que no sean decididas por jueces diferentes.
Este asunto es resuelto por el art. 61 del Código de Procedimiento Civil al establecer que cuando una misma causa sea promovida ante dos autoridades igualmente competentes, el tribunal que haya citado con posterioridad declara la litispendencia. Esta norma está relacionada con el art. 51 y siguientes, que atribuye al tribunal prevenido, es decir que haya practicado primero la citación del demandado. En caso de causas idénticas el juez que cita posteriormente debe declarar la litispendencia y ordenar archivar el archivo del expediente quedando extinguida la causa.


Solo a titulo enunciativo indicaremos algunas cuestiones practicas que suelen presentarse a nivel tribunalicio con respecto a la competencia objetiva, esto es, materia, cuantía o valor y territorio.

Un Tribunal ante quien se introdujo la demanda declaró su falta de jurisdicción o bien que la parte demandada en la contestación de la demanda alegó la falta de jurisdicción porque se consideró que el asunto principal debe ser resuelto por la administración pública o por un juez extranjero.
En este caso la decisión del juez debe ser impugnada a través del recurso de la regulación de la jurisdicción conforme a los artículos 59 y 61 del Código de Procedimiento Civil.
Fijémonos que aquí el problema no es de competencia.

Un tribunal se declara incompetente y a su vez declina la competencia en otro tribunal. El tribunal declinado a su vez declara su incompetencia.
En este caso debe solicitarse la regulación de la competencia. Si no hay un superior común para resolver ese conflicto negativo (ambos tribunales declararon no ser competentes) debe remitirse el expediente al Tribunal Supremo de Justicia para que resuelva dicho conflicto.

Se presenta cuando dos (2) tribunales se declaran competentes para conocer el asunto.
En caso de inconformidad de las partes debe solicitarse la regulación de la competencia.

Entonces, cuando se trate de conflictos relativos a la jurisdicción debe impugnarse la decisión mediante el recurso de regulación de la jurisdicción y cuando es de competencia a través de solicitud de regulación de competencia.

No es la apelación el recurso pertinente para estas situaciones.

A continuación, traje a colación una decisión de la Sala Constitucional en la que se resolvió un conflicto de competencia entre un órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo y un juzgado de municipio con relación al conocimiento, sustanciación y decisión de una pretensión de amparo constitucional incoada contra una decisión proferida por un Juez de Paz, llamada justicia de paz, prevista en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ex artículo 258 Constitucional).

En ese sentido, dicha Sala dijo lo siguiente:
“El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde al Estado, quien la cumple a través de los Tribunales de la República, órganos que requieren, a su vez, de la persona física constituida por los jueces que tienen la obligación de administrar justicia de conformidad con la Constitución y las leyes.

De manera que la jurisdicción se concentra en el juez como administrador de justicia, quien está limitado por una esfera de actividad definida por la ley -denominada competencia-, y que constituye la medida y parte del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.

Los límites de la competencia son establecidos para evitar invasiones de autoridad, para que cada juez desarrolle sus funciones dentro de un ámbito limitado que no permita abusos de poder y usurpación de atribuciones, evitando así la anarquía jurisdiccional. Esta competencia puede ser funcional, que se refiere a la competencia por grados, a la organización jerárquica de los tribunales; objetiva, que viene dada por la materia, el valor, el territorio y la conexión, agregándose la del reparto; y la llamada subjetiva, que se refiere a las condiciones personales de los sujetos que constituyen el órgano jurisdiccional.

En el presente caso, se planteó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Ahora bien, al respecto, la Sala ha emitido un pronunciamiento en los términos siguientes (Vid. s. S.C n° 1139, del 5 de octubre de 2000)

“...Dentro del sistema de justicia que regula la vigente Constitución, se encuentra la justicia de paz (artículo 258 eiusdem), lo que significa que es la República quien imparte justicia mediante dichos jueces, tal como lo contempla el artículo 253 de la vigente Constitución, al señalar a la justicia alternativa dentro del sistema. Justicia alternativa que el aludido artículo 258 refiere entre otros a los jueces de paz. En consecuencia, los jueces de paz forman parte del sistema de justicia, y a pesar de no formar parte del poder judicial formal, ellos son jueces, con todas las prerrogativas de tales y dentro de los marcos legales, en los ámbitos que el ordenamiento jurídico les asigna.
Ahora bien, la jurisdicción consiste en la potestad o función del Estado de administrar justicia, ejercida en el proceso por medio de sus órganos judiciales (Conf. Piero Calamandrei. Derecho Procesal Civil. Tomo I, p. 114. EJEA. Buenos Aires. 1973). Son los órganos judiciales con los que la autoridad mantiene el orden, cuando se produzcan ciertas situaciones entre los justiciables, y estos órganos pueden ejercer, conforme a la ley, una jurisdicción de equidad o una de derecho, por lo que los jueces de equidad, creados por el Estado, forman parte del orden jurisdiccional. A ese fin, la jurisdicción administra justicia, resolviendo conflictos, mediante un proceso contradictorio que es resuelto por una persona imparcial, autónoma e independiente. Cuando el artículo 26 de la vigente Constitución garantiza una justicia equitativa, tiene que estar refiriéndose a la jurisdicción de equidad.

Como antes la Sala advirtió, los órganos jurisdiccionales, que conforman el segmento: jurisdicción, están organizados jerárquicamente, de manera que entre ellos no pueden surgir otros conflictos que los de competencia, siendo impensable dentro del área jurisdiccional, litigios entre diversos tribunales por causas que conocen, siendo una excepción al que un tribunal sin mediar apelación o consulta, juzgue los actos, sentencias y resoluciones de otro tribunal, a menos que se trate de cuestiones de orden público, como el fraude procesal o la revisión, donde se encuentran implicadas conductas de particulares que son realmente los afectados, que permiten a un juez enfrentarse a lo decidido por otro juez. Pero este conocimiento en la revisión, ocurre excepcionalmente, y por lo regular, producto de la iniciativa de las partes y no del órgano jurisdiccional.

Dentro de las posibilidades legales de que la actividad de un órgano jurisdiccional sea juzgado por otro, sin mediar la apelación o la consulta, se encuentra la del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual permite que un juez superior al que emite un pronunciamiento u ordene un acto, conozca de un amparo contra dicho fallo o acto, si con él se lesiona un derecho o garantía constitucional. En este caso excepcional, es cierto que se rompe el principio de la unidad de la jurisdicción, sin embargo funciona la pirámide organizativa de la jurisdicción, y es el superior quien juzga al inferior, y ello ocurre porque las partes y no el órgano incoan el amparo. Los tribunales fueron concebidos para dirimir conflictos, no estando entre sus poderes o facultades el pedir justicia mediante litigios. Se requiere que el orden que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial a los órganos de administración de justicia, se cumpla.

Ahora bien, los jueces de paz pertenecen al sistema judicial, son órganos jurisdiccionales, como lo son los árbitros y otras figuras que pueda crear la justicia alternativa, y son jueces de equidad, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, siendo excepcionalmente jueces de derecho, conforme al mismo artículo que reza:

Los Jueces de Paz procurarán la solución de conflictos y controversias por medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo que la Ley imponga una solución de derecho. Los Jueces de Paz también resolverán conforme a la equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes.

No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que este último poder no pueda conocer de las apelaciones de sus fallos, cuando ello sea posible, o de los amparos contra sus sentencias.

La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio; produce sentencias (artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz) que se convierten en cosa juzgada, ejecutables (lo que es atributo jurisdiccional, y que aparece recogido en el numeral 1 del artículo 9, y en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, así como en las normas sobre ejecución del laudo arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial, y en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa.

El que los jueces de paz concilien, y exista una etapa del proceso de justicia de paz a ese fin, en nada atenta contra la función jurisdiccional, ya que los jueces civiles –por ejemplo-, también pueden conciliar (artículo 257 del Código de Procedimiento Civil), y si la conciliación falla, continuará el proceso jurisdiccional. Los jueces de paz, al igual que cualquier juez, dirimen conflictos o controversias entre partes, siendo ese su objetivo, e incluso pudieran producir actos con efectos constitutivos. Su finalidad, como la de cualquier juez, es mantener la paz social, la cual es un valor de la República y de la comunidad, lo que le permite a la actividad jurisdiccional, en los casos señalados por la ley, controlar al Estado.

Establecida la naturaleza de las decisiones de la justicia de paz, como fallos jurisdiccionales, los mismos, como cualquier sentencia, pueden ser impugnados por las partes por la vía del amparo constitucional, si ellos infringen derechos o garantías constitucionales. Pero ¿cuál será el juez competente para conocer de tal amparo?.

Por aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo debe interponerse ante el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. Existiendo el principio de la doble instancia, toda causa que se juzgue en primera instancia está sujeta a apelación. Pero tal principio, por razones de la estructura de la justicia de paz, no funciona a plenitud con las decisiones de dichos tribunales, ya que siendo sentencias de equidad (artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), la regla es que ellos sean inapelables, tal como lo pauta el Código de Procedimiento Civil en su artículo 624 sobre los fallos de los árbitros arbitradores, no existiendo por lo tanto un juez de alzada o superior competente.

Por ese motivo, las decisiones del juez de paz no son apelables, sino revisables por el mismo, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, y es que el concepto de equidad, de difícil aprehensión, se refiere a un juicio de valor de quien lo utiliza, ligado a su idea de justicia aplicada al caso concreto, opinión que no descansa en el derecho, sino en la conciencia, la moral, la razón natural u otros valores. Dado el carácter personal y subjetivo de esos valores, el tratamiento de las decisiones que en ellos se fundan, tiene que ser distinto al que se da a los fallos que se atienen a normas del derecho, y por ello la regla es que no sea revisable por otro el criterio del sentenciador; de allí, que la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, en su artículo 47 estableció como regla, la revisión por el mismo juez del fallo que lo dictó, asesorándose con los suplentes y conjueces del tribunal. Estas reglas privarían de Juez Superior a los Jueces de Paz.

Sin embargo, el artículo 48 eiusdem, prevé la apelación de las sentencias de los jueces de paz, cuando la controversia tenga contenido patrimonial, la cual será decidida por el juez competente a quien se le envía el expediente contentivo de las actuaciones. Se trata de una excepción al principio, pero que fija la presencia de un juez superior al de paz, que conoce de las apelaciones de sus fallos, y éste vendría a ser el juez del amparo contra las sentencias de los jueces de paz.

No señala la ley especial que rige la Justicia de Paz, quién es este juez, ni tampoco lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ignoró la materia, y ante tal vacío es necesario dilucidar si el juez de la alzada es el Juez de Municipio o el de Primera Instancia.

Según el Manual de Referencia elaborado por el Ministerio de la Familia, el juez de la alzada es el de Parroquia o Municipio; mientras para Julio César Fernández en su monografía Una Justicia de Paz para la democracia. De la jurisdicción a la justicia de Paz, inserta en el libro Ley Orgánica de la Justicia de Paz (Edit. Jurídica Venezolana, 1996), el juez de la apelación es el ordinario del Poder Judicial Nacional en competencia por la cuantía, el cual –excepto las cuestiones atinentes a la familia- agrega esta Sala, debería ser el más bajo en la jerarquía, conforme a la competencia por la cuantía, dado los casos de ínfima cuantía que puede conocer el juez de paz. Por su parte, el autor nacional Osvaldo Parilli Araujo, en su obra Comentarios a la Ley Orgánica de la Justicia de Paz (Móvil-Libros 1995), señala que el juez de la apelación será el de la justicia ordinaria.

Estos autores resaltan cómo la jurisdicción ordinaria es la alzada en estos casos de la justicia de paz, lo que apuntala la naturaleza jurisdiccional de la justicia alternativa, actualmente con reconocimiento constitucional, ya que si esa no fuera su naturaleza, los tribunales ordinarios no podrían conocer en alzada, y sus fallos no causarían cosa juzgada, ejecutable.

Teniendo en cuenta que las causas de contenido patrimonial que puede conocer un Juez de Paz, están determinadas por la cuantía (numeral 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), debe interpretarse que la competencia por la cuantía determina quién es el juzgado superior del juez de paz, a los efectos de la apelación a que se refiere el artículo 48 eiusdem, ya que éste debe ser el juez inmediatamente superior al de paz, por la escala de cuantía. Este juez vendría a ser el de Municipio, pero no para que decida conforme a derecho, sino también aplicando la equidad, lo que crea una situación excepcional.

No se trata de que el juez de la justicia alternativa sea inferior al de Municipio, como no lo es el tribunal arbitral con relación a los jueces de primera o segunda instancia del Poder Judicial, sino que algún órgano jurisdiccional debe conocer de la alzada prevista en la ley, y a falta de un tribunal especial, dado que la competencia del juez de paz se regula por una cuantía ínfima (cuatro salarios mínimos mensuales), pero cuantía al fin, en la actualidad en la escala de cuantías el inmediatamente superior es el Juez de Municipio, y éste sería, por razones de seguridad jurídica, el competente para conocer de las apelaciones.

Apunta esta Sala, que se trata de una alzada de equidad, y ante tal situación, no debería ser dicho tribunal de municipio el competente para conocer de una acción de amparo, donde se juzga derecho y no equidad.

En otras palabras, a pesar de que el Juez de Municipio es un juez de derecho, a él en relación con la justicia de paz se le ordena juzgar en alzada según equidad, y siendo así, su conexidad con dicha justicia, ¿será el competente para conocer violaciones de derechos constitucionales atribuidos a la justicia de paz?.

Considera esta Sala, que ante el vacío que deja el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación a las sentencias dictadas por los jueces de paz, el juez competente para conocer de los amparos contra esos fallos, por tratarse de asuntos de derecho, es el de Primera Instancia correspondiente al lugar sede del Tribunal de Paz, por lo que a esta especial situación se le aplica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La cobertura constitucional es extensible a los fallos de los juzgados de paz, por lo que mientras la ley no diga lo contrario, son los Jueces de Primera Instancia los competentes para conocer de los amparos contra dichas sentencias, al considerarlos superiores de los jueces de paz, como jueces que pueden conocer el derecho, y así se declara”.
       
En virtud de los razonamientos anteriores, que esta Sala reitera, corresponde la competencia, para conocer de la demanda de amparo constitucional de autos, a un Juzgado de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”.


sábado, 18 de julio de 2020

¿QUE ES LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?

ABOGADOS ASOCIADOS
DR. ALBERTO CHUQUI

¿QUE ES LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?


El tema de hoy no agota todo lo que puede comprender la tutela judicial efectiva, por ello, considero que aquí no se escribirán las últimas palabras sobre acerca de lo ¿qué es la tutela judicial efectiva?.

Mucho se ha escrito sobre el tema, tanto la doctrina y la jurisprudencia han ido desarrollando conceptos y definiciones de gran contenido explicativo, sin embargo, aquí solo desarrollaremos algunos aspectos de la tutela judicial efectiva, manejado con un lenguaje propicio y acorde para que nuestros lectores comprendan y se orienten sobre este interesante asunto.

La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca una mínima garantía Es, pues, la garantía jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano para conseguir una decisión dictada conforme el derecho.

El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un mecanismo eficaz que permita a los particulares reestablecer una situación jurídica vulnerada y está integrado por el derecho de acceso a la justicia; el derecho a la gratuidad de la justicia; el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada en derecho y congruente; a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la sentencia.

Parte de la doctrina y jurisprudencia parten de la idea que la tutela judicial efectiva es una conjugación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 26,49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De ese modo, el artículo 26 Constitucional establece:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

Para la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República la tutela judicial efectiva en algún momento de su desarrollo lo considero de la siguiente manera:
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26 consagra la Garantía Jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas garantías, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la Garantía Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano, también preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido, en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. Ahora bien, dicha garantía implica, para los administrados, la obligación de someter la tramitación de sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado mediante las vías y los medios procesales contemplados en las leyes adjetivas, así como también la de no obstruir, de manera alguna, la administración de justicia desarrollada por el Estado en cumplimiento de sus funciones, lo que conlleva la obligación de no realizar actos inútiles ni innecesarios a la defensa del derecho que se pretenda sea declarado, pues ello, además de contravenir los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, podría configurar el abuso de derecho generador de responsabilidad patrimonial u otras responsabilidades”. (Vid. SSC N° 576, expediente  N° 00-2794).

Al referirse al debido proceso la Sala Constitucional dijo:
“Se denomina debido proceso a aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. En consecuencia, teniendo presente que las normas de procedimiento son una expresión de los valores constitucionales, la acción de amparo contra resoluciones, sentencias, actos u omisiones de los Tribunales de la República, está dirigida a proteger el derecho a un debido proceso que garantice una tutela judicial efectiva.

El derecho al juez natural consiste en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es que se aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; y, en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional.

Si bien es cierto que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 26 de la Constitución, comprende también el derecho una tutela judicial efectiva y a un debido proceso, en que se obtenga una resolución de fondo debidamente razonada, este derecho no comprende una garantía de que las sentencias sean acertadas. Esto es, que no puedan ser jurídicamente erróneas por una infracción de la ley o por errores cometidos en la apreciación o establecimiento de los hechos o de las pruebas.

Precisamente, la Sala de Casación Civil en una sentencia dictada el 24 de abril de 1.998 (caso Urbanizadora Nueva Casarapa C.A.), explicó los alcances del amparo contra sentencias judiciales de la siguiente manera:
“No puede ser motivo de un recurso de amparo el juzgamiento de un Juez que considera que unas pruebas fueron extemporáneamente promovidas y por ello no las aprecia, ya que ese es el resultado de la función decisoria.
De aceptarse que los errores (ciertos o no) de juzgamiento son objeto del recurso de amparo, todos los fallos del país, sin excepción, serán querellables, y este no pudo ser, ni fue, la intención del legislador.
Los vicios de juzgamiento mientras no contraigan una usurpación o extralimitación de las funciones del Juez en el sentido antes apuntado, no pueden considerarse constitutivos de un vicio de incompetencia, y así se declara.

Igualmente sobre los supuestos vicios provenientes de mala aplicación de las normas sobre carga de la prueba y de la cosa juzgada resultante del acuerdo entre GUARDIANES VIGIMAN S.R.L. y TOMAS DEL JESUS PICO NARVAEZ, homologado por una inspectoría del trabajo, lo que el juzgado interpretó sobre ese tópico forma parte de la función intelectual de juzgar que corresponde a todo Juez, quien en las interpretaciones de normas, en el caso que ella fuera errada, no estará ni usurpando ni extralimitándose en sus funciones, ya que está aplicando la Ley desde su punto de vista y no está aplicando o derogando arbitrariamente norma alguna.

Las razones para juzgar de los Jueces y sus posibles concepciones erróneas, se atacan mediante el recurso de apelación, o mediante el de casación cuando se trata de fallo de tribunales de última instancia, pero cuando la propia Ley niega el recurso de casación, el legislador consideró que el derecho de defensa que consigna el artículo 68 de la Constitución de la República, que se desarrolla conforme a la Ley, se ejercerá solo en las instancias.

Para esta Sala los posibles errores de juzgamiento que realicen los Jueces, sobre la apreciación de normas o sobre sus alcances, no constituyen per se extralimitación en sus funciones, que constituyen incompetencia a los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.” (sic)

Quedó indicado que el evento del cual se deduce la necesidad de protección de derechos constitucionales, es la disconformidad del querellado con la apreciación de los hechos realizada por el juez de control, en la audiencia para la calificación de la flagrancia. Es de este presunto error, que el supuesto agraviado infiere las violaciones constitucionales y su derecho a ser amparado contra la resolución judicial.

Como se expresó con anterioridad, la tutela del derecho del acceso a la justicia y al debido proceso no comprende la posibilidad de discutir los errores cometidos en los juzgamientos. La revisión de los errores cometidos por los jueces en su actividad decisoria, debe ser revisada, como se explicó precedentemente, con los medios o recursos dispuestos en el ordenamiento. No es la acción de amparo, en consecuencia, la vía idónea para proponer su examen”.

Ahora bien, comentamos anteriormente que la tutela judicial efectiva también abarcaba al proceso como instrumento de la justicia (ex artículo 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela), y de acuerdo a ello, la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero, sentencia N° 1745, expediente N° 01-1114, señalo:
“Por su parte, el artículo 26 de la Constitución que junto con el artículo 257 eiusdem han sido denunciado infringidos; establece el primero de ellos lo que se ha llamado el derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una decisión en derecho y el derecho que esa decisión sea efectiva. Asimismo garantiza dicho artículo la gratuidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad y celeridad en la administración de justicia, así como que dicha función debe ser equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles.

El referido artículo 257 establece la instrumentalidad del proceso como medio de actualización de la justicia y define sus características esenciales indicando que éste debe ser determinado por la Ley. No comprenden el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso, el de que la decisión resultante de un proceso sea aquella querida o que beneficie al titular de dichos derechos, sino que dicha decisión sea obtenida dentro del proceso legalmente establecido, desarrollado sin infracción de los particulares derechos a que se refiere el artículo 49 de la Constitución y con las características de celeridad, ausencia de formalidades no esenciales y otras contempladas en los artículos 26 y 257 eiusdem”.

También la Sala Constitucional en sentencia N° 983, de fecha 2 de mayo de 2003, expediente N° 02-1687, expresó:
“Ciertamente, en el procedimiento breve la sentencia debe proferirse dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio, o de la contestación o reconvención si las partes hubieren pedido la supresión del lapso, de conformidad con el artículo 890 de la Ley procesal. No obstante, de acuerdo a los alegatos expuestos por la quejosa en el escrito libelar, el 13 de mayo de 2002 aún no había una decisión de fondo; en este sentido, se observa que no consta en el expediente que dicho fallo haya sido emitido, tal como lo declaró el a quo en la sentencia objeto de la presente consulta.
Ahora bien, frente a la referida omisión del tribunal de la causa, la accionante denunció la violación al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Carta Magna, en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Como se observa, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la tutela judicial efectiva, que “(...) no garantiza sólo el libre acceso a los Juzgados y Tribunales, sino también que éstos resuelvan sobre el fondo de las pretensiones que ante ellos se formulan. En términos gráficos escribe Díez-Picazo Jiménez que el derecho a la tutela judicial efectiva no es sólo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, éste cumpla la función para la que está instituido” (Cfr. Garrido Falla, Fernando, Comentarios a la Constitución, 3ª edición, Madrid, Civitas, Edit., 2001, p. 538).

Así lo ha reconocido esta Sala Constitucional, al decidir lo siguiente:
 “(...) el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende  el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura (subrayado añadido).

La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles” (Sentencia n° 708 de esta Sala, del 10 de mayo de 2001, caso: Juan Adolfo Guevara y otros).

Ciertamente, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener un pronunciamiento de mérito por parte del órgano jurisdiccional, que además se adecue a la exigencia constitucional de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas. No obstante, esta Sala no es ajena a la situación de congestionamiento que afecta al Poder Judicial, por lo cual ha sostenido lo siguiente:
“(...) sin querer justificar el retardo procesal en el que incurrió el mencionado órgano jurisdiccional, (...) los Tribunales de la República, al tramitar las distintas peticiones realizadas por los ciudadanos se encuentran con una serie de obstáculos que algunas veces son exógenos al proceso mismo y que obstan, a veces, la celeridad que la justicia exige” (Sentencia n° 2705 de esta Sala, del 29 de octubre de 2002, caso: Germán Echeverri Arbeláez).

A pesar de ello, en el caso sub júdice se observa que la dilación se ha extendido desde finales del mes de abril de 2001, toda vez que mediante auto del 18 de ese mes y año, el tribunal fijó un lapso de cinco (5) días de despacho para dictar sentencia, sin que hubiera cumplido con tal obligación para el 13 de mayo de 2002, cuando se intentó la acción de amparo bajo examen, ni para la presente fecha. Por lo tanto, visto que la dilación del proceso se ha prolongado prácticamente durante dos años, esta Sala debe concluir que en el caso bajo análisis existe una violación de orden constitucional, que hace procedente el amparo solicitado; máxime cuando el proceso en que se verificó la referida omisión, se tramita de acuerdo a las normas del procedimiento breve, como se desprende del auto del 18 de abril de 2001, anteriormente mencionado”.

Desde la perspectiva del derecho internacional el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en diversos tratados aprobados y ratificados por Venezuela. Entre estos tratados encontramos los siguientes:
“a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Esta declaración aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia en 1948, expresa en su artículo XVIII:
Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por la cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que viole, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

En este artículo se observa claramente el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que tiene cualquier persona, el cual se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Constitución.

“b) Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esta declaración adoptada por la resolución 217A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, establece un sistema de derecho y garantías judiciales entre las que cabe citar:
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que viole sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, o para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

De los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos anteriormente citados, se observa la consagración del derecho a recurrir de una decisión y el derecho a ser oída públicamente y con justicia en condiciones de plena igualdad. Tales derechos se encuentran reflejados en el derecho positivo venezolano en el artículo 49 Constitucional.

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, se integra con una serie de disposiciones de relevante trascendencia en materia de tutela jurisdiccional, entre las que cabe destacar:
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En el artículo trascrito se hace referencia a las garantías judiciales de las cuales goza toda persona ante cualquier acusación formulada contra ella; es decir, el derecho al debido proceso.
“Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención aún cuando tal violación sea cometido por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales”.

Se aprecia en el artículo anterior la referencia a la protección judicial por medio del derecho que tiene toda persona contra actos que violen sus garantías a ejercer un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales competentes.

“d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en Nueva York el 19 de Diciembre de 1966, establece en su parte II que los Estados se comprometen a garantizar:
Artículo 2: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

En la norma transcrita se reitera el derecho que tiene toda persona a recurrir de la sentencia cuando se violan sus derechos sin menoscabo de que tal violación sea cometida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

En definitiva, la tutela judicial efectiva es un derecho de una connotación amplísima, que garantiza el indiscutido carácter universal de la justicia y como institución jurídica constitucional engloba una serie de derechos a saber, entre otros,: el acceso a los órganos de administración de justicia; una decisión ajustada a derecho; el derecho a recurrir de la decisión; el derecho a ejecutar la decisión y el derecho al debido proceso; el derecho cautelar, el que las sentencias sean motivas y fundadas en derecho, etc., por tanto, al verse vulnerados uno de estos derechos se afecta insoslayablemente la tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, resulta evidente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de la tutela judicial efectiva como resultado final de la existencia de un proceso judicial, el cual se da sólo posteriormente a la noción de un debido proceso, toda vez que la afirmación de la efectividad de la protección jurisdiccional sólo se puede concretar después del desarrollo de un proceso adecuado, cuyo acto esencial y final pueda producir el vencedor en juicio, eficaces resultados, en el sentido de que como señala la doctrina la tutela judicial no será efectiva si el órgano jurisdiccional no reúne ciertas condiciones y antes de dictar una sentencia sigue un proceso investido de los derechos que hagan posible la defensa de las partes.

De ahí que la tutela judicial efectiva presupone un debido proceso, pero sin negar con ello que ambas se hayan íntimamente relacionadas entre sí, formando parte de un todo.

viernes, 17 de julio de 2020

¿QUE ES LA ACLARATORIA DE LA SENTENCIA?


¿QUE ES LA ACLARATORIA DE LA SENTENCIA?


La aclaratoria de la sentencia no es un RECURSO como erróneamente se ha calificado en la práctica, es decir, no se trata de un medio de impugnación de la sentencia, sino es la solicitud que realizan las partes al juez con la finalidad de despejar los puntos dudosos de una decisión

La aclaratoria de la sentencia se encuentra consagrada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que textualmente señala:
“Artículo 252.
Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

Es doctrina y jurisprudencia constante, que la facultad de hacer aclaratorias y ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, porque no esté claro el alcance del fallo en determinado punto, o porque se haya dejado de resolver algún pedimento, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia, ya dictada, pues el principio general es que después de dictada la sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado, a no ser que se trate de una interlocutoria no sujeta a apelación.

También es doctrina pacífica, que cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve consigo una crítica de la sentencia, argumentándose que ha debido decidir algún punto o cuestión en sentido diverso de cómo lo hizo el sentenciador, la solicitud debe ser denegada, porque con ella lo que se pretendería, sería una revocatoria o modificación de lo decidido, y ello no está permitido.

Dicho criterio, ha sido ratificado por la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la Republica en reiteradas decisiones, entre las cuales se puede mencionar la sentencia Nº 1.664 de fecha 14 de diciembre de 2010 (Caso: Ana Anzola contra Jardines el Cercado, C.A.), la cual estableció:
(…) que la solicitud de aclaratoria de sentencia, tiene como finalidad aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, o dictar ampliaciones; sin innovar puntos ya decididos en el fallo, revocarlos o modificarlos”.

Entonces, queda claro que la aclaratoria no es un medio de impugnación sino una mera solicitud en la que se presenta ante el tribunal o juez que dicto la sentencia argumentando en que consiste la aclaratoria, es decir, que debe indicarse en qué consiste dicha aclaratoria para que cumpla su finalidad.

Otro aspecto relevante, es determinar ¿Cuál es el lapso para solicitar la aclaratoria de la sentencia?.

El lapso para poderla solicitar, está literalmente establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
“...Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente...”.

En ese sentido la Sala de Casación Civil ha dicho lo siguiente:
“Por lo antes expuesto, la Sala considera que, yerra el formalizante al estimar que la aclaratoria es un recurso contra la sentencia dictada, por lo cual –según su dicho- debía dejarse transcurrir íntegramente el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia y, que, posterior a éllo, podría el hoy recurrente solicitar la aclaratoria; motivo por el cual, amén de la deficiente redacción en la denuncia planteada, la Sala, concluye que no existe violación del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dado que el lapso para solicitar la aclaratoria de una decisión, está limitado al día de su publicación o al siguiente”.

Asimismo, la citada Sala de Casación Civil ha reiterado respecto del lapso para solicitar la aclaratoria, lo que sigue:
“Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en sentencia de fecha 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...)”.
En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia esta Sala indicó que: “(...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.
Sin embargo es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no amerite por tanto que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, los términos indicados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.
En atención a lo anterior, observa esta Sala que el abogado Simón Araque actuando con el carácter acreditado en autos, solicitó la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el día 1º de febrero del año 2000, en fecha 8 de febrero de 2001. Sin embargo, es de observarse, que la sentencia fue dictada fuera del lapso para sentenciar establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siendo que el prenombrado abogado realizó la solicitud de aclaratoria al día siguiente que tuvo conocimiento de la misma, esta Sala declara procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada en esta causa”.

También la misma Sala de Casación Civil en sentencia N° RC.000542, de fecha 10 de octubre de 2014, señaló:
“El artículo252 del Códigode Procedimiento Civil, contempla la posibilidad que, a petición de parte, en el día de la publicación o en el siguiente, puedan plantearse aclaratorias o ampliaciones de los fallos definitivos o interlocutorios sujetos a apelación. En efecto la norma invocada dispone lo siguiente:
Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente

Con respecto a la interpretación y alcance de esta norma, la Sala en sentencia Nº 60, de fecha 10 de abril de 2012, expediente 2011-000498, se pronunció de la siguiente manera:
…La figura jurídica legal de la aclaratoria, prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, es un mecanismo procesal a través del cual, el jurisdicente, por impulso de las partes, podrá aclarar, salvar, rectificar o ampliar su propia decisión. Tal actuación persigue que en definitiva queden determinados los puntos del dispositivo, como esencia del efecto inmediato.
Igualmente, la Sala de Casación estableció el alcance y objeto del recurso procesal de la aclaratoria y ampliación de la sentencia, reiterando que se limita a posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, sin que ello implique la modificación del dispositivo del mismo.

Al efecto, dispuso:
“Efectuado el análisis correspondiente a la presente solicitud de aclaratoria, esta Sala observa que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil regula la figura procesal de la aclaratoria en la forma siguiente: “Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.” (Negritas de esta Sala). Sobre el alcance de la norma transcrita, esta Sala se pronunció en sentencia número 1599, del 20 de diciembre de 2000, caso: “Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.”, en los términos siguientes: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...). (…omissis...) (...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”. (Subrayado de la Sala). De esta manera, el instituto de la aclaratoria o ampliación del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo contenido en dicho fallo, orientada a su correcta ejecución, por lo que la ampliación y la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte”

Otro aspecto de relevancia es hacernos la siguiente interrogante ¿Puede coexistir la solicitud deaclaratoria y el recurso de apelación al mismo tiempo?

La respuesta es sí, o sea, tanto la solicitud de aclaratoria como el lapso previsto para el ejercicio de la apelación corren paralelamente, sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en sus decisiones ha distinguido varias situaciones a considerar.

Desde ese punto de vista, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido, lo siguiente:
“Sin embargo, como se evidencia de la transcripción de la recurrida ut supra realizada, el ad quem señala que el primer día del lapso de apelación es aquel que corresponde al día siguiente en que el a quo resolvió la aclaratoria solicitada. Señala el Superior que el cómputo del lapso de apelación se inicia a partir del 14 de julio de 2000, fecha en que el tribunal de la cognición resolvió la solicitud de aclaratoria, obviando por completo que el lapso de apelación no se suspende por la solicitud de la aclaratoria, que este comienza a correr desde el día siguiente a que venza el lapso para sentenciar o el de su diferimiento o desde que conste en autos la última de las notificaciones de las partes, si la sentencia fuera dictada fuera del lapso legal previsto.

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 7 de diciembre de 1994, en el caso Inmobiliaria Latina C.A. contra José María Freire, expediente 94-272, citada por el formalizante, estableció:
“...Con relación al aspecto restante, de los considerados inicialmente como objeto de la polémica en el medio jurisprudencial y doctrinario, esta Corte, esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en el sentido de considerar que la solicitud de aclaratoria, ampliación o rectificación no suspende los lapsos de los eventuales recursos para impugnar el fallo. Así lo dijo la Sala en sentencia de fecha 21 de mayo de 1986, caso Martín Salvador Pérez Mancilla contra Marisol Teresa Vicuña Loreto, ratificando sentencia originaria del 1° de junio de 1982, caso Luisa Elena Navarro Gil contra Pedro Rivas Albornoz y otros, en los siguientes términos:

“Ha sido doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, que el lapso para el anuncio del recurso de casación comenzará a partir de la fecha de la sentencia, tal como lo dispone el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, sin tener en cuenta el auto que niegue o conceda la aclaratoria, ya que no existe ninguna norma que permita variar el cómputo del lapso para los recursos, de apelación o casación, cuando se solicita aclaratoria o ampliación de la sentencia, y por lo tanto, si ésta no suspende el lapso del anuncio poco podrá dividirlo ni crear otro nuevo. La fuente del lapso es la propia sentencia, no sus accesorios o agregados...” (Resaltado de la Sala).

Aprovecha la oportunidad la Sala para ratificar el criterio expuesto en la sentencia transcrita, entendiendo que, siendo la solicitud de aclaratoria una facultad de la parte, que la misma nunca podrá modificar el dispositivo del fallo a aclarar, por expresa prohibición contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, su interposición jamás podrá tenerse como causa legal de suspensión o interrupción del lapso de apelación. Son dos lapsos independientes y, por tanto, corren paralelamente: el de aclaratoria, al mismo día o al día siguiente de la publicación de la sentencia y, el de apelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para sentenciar o de su diferimiento o de la notificación de las partes si aquella fuere dictada fuera del lapso legal”. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil No. 674, expediente Nº 02-435).
  
En ese mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 3150, de fecha 14 de noviembre de 2003, precisó lo siguiente:
“…La posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos), pero con la advertencia de que esa facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste…

La Sala reitera los criterios jurisprudenciales precedentes, y deja sentado que conforme lo establece el artículo252 del Código de Procedimiento Civil, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que se haya podido incurrir en la sentencia, tales como errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, pero sin que esa facultad se extienda a la revocatoria o reforma de la misma.

Por otra parte, la Sala considera necesario analizar si la solicitud de aclaratoria fue realizada tempestivamente, al efecto el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil exige que debe ser propuesta por “...alguna de las partes el día de la publicación o en el día siguiente”.

“Ahora bien, de las actas del expediente se evidencia que la sentencia cuya aclaratoria se solicita fue dictada por esta Sala el día 11 de agosto de 2014. De igual manera se aprecia, que la solicitud de aclaratoria fue consignada ante la Secretaría de la Sala en fecha 12 de agosto de 2014, en la cual el representante judicial de los accionantes expuso lo siguiente:
“…La sentencia proferida el día de ayer, 11 de agosto de 2014, por esa Sala de Casación Civil con Ponencia de la magistrada, Doctora Isbelia P.V., en el expediente AA 20-C-2014-000061 con ocasión del recurso de casación interpuesto por mis referidos mandantes contra la sentencia definitiva de última instancia dictada por el Juzgado Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción del estado Lara constituido con asociados, el día 29 de noviembre de 2013 la cual puso fin al juicio que siguen contra la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz por nulidad absoluta existencial del acto celebrado el 18 de septiembre de 2007 como “Asamblea Extraordinaria de Accionistas” de la mencionada compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, declaró SIN LUGAR dicho recurso de casación anunciado y formalizado por mis representados.

Ahora bien, dada la enjundia y trascendencia de la referida sentencia de esa Sala, que abarca hechos y conceptos que interesan al “orden público”, tanto procesal, como, “existencial”, resulta pertinente “aclarar” los puntos dudosos que ella presenta, salvar las omisiones en que incurre, así como corregir los errores referenciales que presenta, ampliando los puntos correspondientes. Ello, conforme a los parámetros de la justicia equitativa que postula el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, dada la perentoriedad que causa el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil cuya desaplicación por control difuso de la constitucionalidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 334 de nuestra Carta Magna, pedimos expresa y formalmente a fin de que se extienda el tiempo o término para poder hacer una adecuada y justa solicitud de aclaratoria y ampliación que merece esa sentencia por lo que ella envuelve y por lo que subyace en todo el proceso, sin embargo, anticipadamente, nos permitimos solicitar que se aclare respecto al punto previo, el porqué (sic)“…en esta oportunidad se declara improcedente la petición formulada como previo pronunciamiento…”, cuando la misma Sala considera aplicables los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para resolver el punto con prescindencia de sutilezas y consideraciones formales. Ahora bien, Ciudadanos Magistrados, es un “imposible procesal” que releva la “carga” correspondiente implícita en la norma que legitima las aclaratorias y ampliaciones, precisar ahora en forma pertinente los puntos totales que expresa la sentencia. Piénsese que, de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, es máxima de experiencia que la sola lectura de este fallo de tantos folios (64), aún por el método de lectura veloz llevaría varios días.

Ahora bien, es necesario precisar el criterio establecido respecto de la tempestividad y los lapsos procesales al momento de realizar el anuncio del recurso extraordinario de casación ante el tribunal de alzada, al respecto la decisión N° 3.941 de fecha 8 de diciembre de 2005 de la Sala Constitucional, establece que los lapsos para recurrir en el caso de estas decisiones judiciales, empiezan a correr a partir de la fecha de publicación de la sentencia que versa sobre la aclaratoria solicitada, lo cual lo expresa textualmente en los siguientes términos:

“…Es preciso destacar que cuando una de las partes solicita la aclaratoria de la sentencia definitiva, el lapso de apelación comienza a computarse a partir de la fecha en la cual se dicta la aclaratoria – si ésta es dictada dentro de los tres días siguientes- o bien a partir de la constancia en autos de la notificación de las partes, precisamente para garantizar el ejercicio de los recursos atinentes a la impugnación de la sentencia por quien la considere adversa...”.

En igual sentido se pronunció la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, en sentencia N° 1.032, de fecha 1° de julio de 2008 cuando estableció:
“…Así las cosas, le corresponde a esta Sala determinar, como premisa imprescindible, la fecha a partir de la cual se computan los lapsos legales para interponer los recursos extraordinarios que corresponda, contra las sentencias de alzada, donde se haya solicitado aclaratoria.
En este orden de ideas, esta Sala de Casación Social consideró que la solicitud de aclaratoria o ampliación de la decisión que ponga fin al proceso, no interrumpe ni suspende el lapso para recurrir, así mismo señaló que debe el iurisdicente, de ser solicitada una aclaratoria o ampliación, postergar el pronunciamiento sobre la admisión del recurso de apelación o casación, según sea el caso, hasta la decisión de la solicitud, pudiendo la parte que considere ilegal la aclaratoria o ampliación, recurrir contra ésta, en forma autónoma al eventual recurso interpuesto contra la definitiva. (Vid. Sent. N° 48 de fecha 15 de marzo de 2000, N° 137 24 de mayo de 2000, entre otras).
Por su parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 1401 de fecha 2 de junio de 2003, señaló:
(…) el ejercicio de la solicitud de una aclaratoria o ampliación del fallo, no suspende la causa por lo cual en nada impide que se ejerzan los recursos ordinarios o extraordinarios pertinentes dentro de los términos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, está consciente la Sala que, pudiera ocurrir que al producirse la ampliación o aclaratoria solicitada de un fallo, ésta perjudique a la parte aún más que la decisión proferida, en cuyo caso se considera pertinente el ejercicio de un medio de impugnación contra tal aclaratoria o ampliación.
A la vista de todo lo anterior, necesariamente ha de colegirse que el lapso para interponer los recursos extraordinarios contra las decisiones de alzada, contra las cuales se haya solicitado aclaratoria o ampliación, comienzan a computarse dentro de los términos legales establecidos. Empero, si al producirse la aclaratoria o ampliación se generare un perjuicio a alguna de las partes, éstas podrán interponer de forma autónoma los recursos correspondientes contra dicha decisión…”.

De lo anteriormente transcrito se desprende que al momento de intentar algún recurso en contra de una sentencia sobre la cual se solicite una aclaratoria, al respecto se precisan las siguientes situaciones: a) los recursos que se pudieran interponer contra una decisión se podrán intentar dentro de los lapsos previstos en la ley los cuales correrán una vez dictada la decisión; b) cuando contra esa decisión se interponga aclaratoria o ampliación los lapsos no se interrumpen ni se suspenden, por lo cual en nada impide que se ejerzan los recursos ordinarios o extraordinarios pertinentes dentro de los lapsos, sin embargo en ese caso puede ocurrir que dos situaciones: 1)  que la ampliación o aclaratoria perjudique a la parte, 2) que se declare inadmisible la ampliación o aclaratoria, en ambos casos lo pertinente de conformidad con el principio de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo señala la Sala Constitucional, es que el lapso para interponer cualquier recurso comience una vez dictada la decisión referida a la aclaratoria o ampliación, es decir, una vez transcurridos los tres días señalados por la ley”.

A mi juicio, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en su mencionada decisión aclaró aun más el panorama sobre las distintas situaciones que podríanpresentarse con la coexistencia tanto de la solicitud de aclaratoria como delrecurso de apelación.

Vale la pena citar un extracto del fallo que pronunció la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la Republica mediante la cual ocurrió un caso en el que el juez de alzada omitió en su decisión condenar en costas del recurso a la parte apelante, sosteniendo que era perfectamente viable que mediante una aclaratoria pudiese imponerse las costas del recurso que habían sido omitidas.

Por su importancia, traigo parte de la sentencia en cuestión la cual emitió la Sala de Casación Civil bajo el No. 187, expediente No. 03-249, que señaló:
“Del contenido de la norma parcialmente transcrita se infiere, que corresponde a las partes dentro del lapso establecido para ello, solicitar aclaratorias, ampliaciones u omisiones que se hayan involuntariamente cometido en el fallo proferido.

En el caso bajo examen, se dictó sentencia de fondo en la cual por omisión no hubo pronunciamiento sobre condenatoria en costas del recurrente, la cual resulta procedente de acuerdo con el artículo 281 de nuestra Ley Adjetiva Civil, pues no se trata de una condenatoria proveniente de su vencimiento en el juicio general, sino del recurso que fue propuesto y declarado sin lugar.

En consecuencia, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara Con Lugar la aclaratoria de la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2003 sin que se modifique sustancialmente el fondo del dispositivo, debiendo adicionalmente la corrección en los siguientes términos:
‘CUARTO: Se condena en costa a la parte recurrente en cuanto al recurso ejercido, conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de Cobro (Sic) de Bolívares (Sic) seguido por NICOLAS A. DORTA CHANGIR, en contra de JOAO (JUAN) VIEIRA DA LUZ. Y así se decide...”.

Se advierte que mediante la aclaratoria sólo se solventó la omisión cometida en el fallo definitivo, relativa al pronunciamiento sobre las costas del recurso de apelación ejercido por el demandado, el que fue declarado sin lugar.

En este orden de ideas es pertinente señalar, que una cosa son las costas en un proceso o en una incidencia con las que se le condena a la parte que fuere vencida totalmente, reguladas por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, y otra las costas del recurso (art. 281 c.p.c.), que se imponen “...a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes”.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, la condenatoria en costas impuesta por el ad quem, se encuentra ajustada al texto legal, ya que, si bien la demanda fue declarada parcialmente con lugar, el apelante resultó totalmente vencido en el recurso al haber sido el mismo declarado sin lugar y confirmada en todas sus partes la sentencia impugnada.

Del análisis realizado por esta Sala de Casación Civil sobre el contenido del texto supra trascrito y bajo el amparo de la doctrina imperante en ella, resulta necesario desechar la presente denuncia por improcedente. Así se decide”.


SENTENCIA 097 DEL 14 DE MAYO DE 2019. SALA CONSTITUCIONAL. CRITERIO VINCULANTE.

  SENTENCIA 097 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 14 DE MAYO DE 2019. CRITERIO VINCULANTE.   La Sala Constitucional del Tribunal Supremo d...