domingo, 10 de septiembre de 2017

LA INAMOVILIDAD LABORAL vs EL DESPIDO LABORAL



Lo primero que hay que aclarar es qué se entiende por inamovilidad laboral, porque a menudo en el acontecer diario me encuentro con trabajadores, empleadores, sindicalistas y hasta colegas abogados que en mi opinión no entienden el concepto de inamovilidad laboral o lo entienden y pretenden abusar de él.


A mi juicio, la inamovilidad laboral no es más que: El mecanismo de protección que usa el Estado a favor de los trabajadores contra las conductas arbitrarias del empleador, patrono o representantes de este en despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones laborales sin justa causa, es decir, que el derecho de estabilidad absoluta en el trabajo está protegido con la envestidura de la inamovilidad laboral, pero también está limitado al hecho de que el trabajador no incurra en alguna causal de despido o lo que la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 102 denomina: “Causas justificadas de despido”, aconsejo leer este artículo de la LOTTT sin excepción.
Ahora bien, hay que insistir y repetir hasta el cansancio que la inamovilidad solo protege o debería proteger a quien no esté incurso en alguna causal de despido, ya que a menudo escucho de algunos trabajadores o sindicalistas comentarios como estos: “No a mi no pueden botar porque hay Inmovilidad”, esto no es cierto de ningún modo y basta señor que usted falte al trabajo tres veces en un mes injustificadamente para que el Inspector del Trabajo autorice a su empleador para despedirle calificando el despido como justificado.
Entonces ¿Quiénes tienen Inamovilidad en nuestro país y por ende derecho a intentar un procedimiento de reenganche en las distintas Inspectorías del Trabajo en caso de un despido sin calificación previa por parte del órgano administrativo (Inspector del Trabajo)?, bueno existe muchos casos en nuestra legislación los más comunes son los siguientes: a) Quienes no devenguen como salario básico un monto superior a tres salarios mínimos salvo algunas excepciones; b) Los Delegados de Prevención hasta tres (3) meses después de vencido el término para el cual fue elegido o elegida, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo; c) Quienes gocen de Fuero Sindical; d) Quienes gocen de fuero maternal o paternal desde el momento de la concepción a un año después del parto; e) Los trabajadores cuya relación laboral este suspendida.
Este ha sido un tema álgido en los últimos años en Venezuela debido a la restricción para efectuar despidos, debido a la inamovilidad y la estabilidad. A menudo se emplean indistintamente estos términos, para referirse a la limitación del patrono de dar por terminada una relación de trabajo de forma unilateral, sin caer en cuenta que la naturaleza, finalidad y efectos jurídicos de ambas instituciones son diferentes

En cuanto a la naturaleza, son muchos los autores que las distinguen. Una de las corrientes restrictivas, señalan que la estabilidad se divide en “estabilidad absoluta” también llamada “inamovilidad” y la “estabilidad relativa” o “impropia”; mientras que otras corrientes de esta índole, diferencian entre estabilidad absoluta, estabilidad relativa e inamovilidad.

A pesar de lo anterior, la inamovilidad es como una protección especial y provisional al trabajador que atiende a un interés específico que puede ser colectivo o social (p.e.: sindical, salud, seguridad laboral, familia, entre otros).
Tanto la inamovilidad como la estabilidad se encuentran definidas y reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”), según la cual los trabajadores que gozan de inamovilidad no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin que el órgano competente lo autorice, debiendo existir una causa justificada para ello. Asimismo, consagra que la estabilidad se refiere al derecho de los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo y que se traduce en una limitación de toda forma de despido no justificado.

En ambas instituciones se genera a favor del trabajador el derecho a ser reincorporado al cargo y/o puesto del que fue privado, cuando el patrono no hubiere participado el despido o solicitado la autorización del mismo con base en una causa justificada ante el ente competente. Sin embargo, en la estabilidad se otorga el derecho al trabajador a renunciar a este procedimiento siempre que acepte voluntariamente una indemnización equivalente al monto de su garantía de prestaciones sociales, mientras que en la inamovilidad no está planteada legalmente esta situación.

Adicionalmente, existen una serie de diferencias entre una y otra figura, relacionadas con el lapso para la interposición de los procedimientos (en caso de estabilidad, para solicitar la calificación el patrono cuenta con 5 días hábiles y el trabajador con 10 días hábiles; en caso de inamovilidad, tanto patrono como trabajador tienen 30 días para interponer calificación o reenganche, respectivamente), así como en el momento de la emisión de las órdenes de reenganche (en caso de estabilidad, debe ser dictada sentencia firme; en el supuesto de inamovilidad, una vez solicitado el reenganche si cumple con los requisitos se ordena el reenganche, pago de salario caídos y continúa el procedimiento)  y sobre los órganos que son competentes en uno u otro caso, ya que si existiere  inamovilidad conoce la Inspectoría del Trabajo y si se trata de estabilidad le compete a los Tribunales del Trabajo

Con respecto a cuáles trabajadores están amparados de estabilidad o de inamovilidad, gozan de estabilidad los contratados a tiempo indeterminado (a partir del primer mes de servicio), a tiempo determinado o para una obra determinada, mientras no hubiere vencido el contrato o no hubiere concluido la obra o parte de ella para la cual fue contratado.

La inamovilidad, por ser especialísima, está reservada para los trabajadores con fuero sindical, fuero maternal y paternal, fuero de adopción, trabajadores durante suspensión de la relación de trabajo, trabajadores con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les dificulte valerse por sí mismo, u otros que contemple la ley u otro decreto.

No obstante, en la actualidad se vislumbra un escenario de ”inamovilidad genéral”, esto es un derecho para todos los trabajadores que está consagrado por el Gobierno Nacional, desde hace doce años y de forma ininterrumpida, a través de un “Decreto de inamovilidad laboral” cuya finalidad ha sido la protección de despedir, trasladar o modificar condiciones laborales de determinados trabajadores, y que ya hace dos años hizo extensiva tal inamovilidad a todos los trabajadores luego del primer mes de servicio, exceptuando sólo a los trabajadores que ostenten  cargo de dirección, confianza, los temporales, eventuales y ocasionales.

Al encontrarse en vigencia la inamovilidad laboral por medio del decreto presidencial en los términos expuestos, pareciera entonces quedar suspendida la aplicación de la estabilidad, así como los artículos que se refieren a ésta en la LOTTT, para darle paso a una protección mayor. El efecto práctico de ello es que la inamovilidad deja de ser especial y provisional para convertirse en ordinaria y permanente. En consecuencia, es necesario estar atento a la continuidad del decreto, así como a los términos en los que éste se encontrare redactado, ya que de ello dependerá si existirá o no una continuidad de la inamovilidad genérica.

Es recomendable flexibilizar la inamovilidad laboral a los fines que pueda tener vigencia la estabilidad laboral, tal cual como se encuentra consagrada en la ley. Esto además para que pueda acudirse a jueces naturales de cada caso y sea objeto de un adecuado debate probatorio la procedencia. Adicionalmente, esto lograría una descongestión de la sede administrativa que hoy en día se ve conglomerada y atiborrada, por ser competente en todos los asuntos relacionados con este tema.

Las anteriores consideraciones son pertinentes a los fines de que tanto patronos como trabajadores, vislumbren en qué escenario jurídico se encuentran y puedan actuar correctamente en la mejor defensa de sus derechos e intereses.  No obstante, mientras se mantenga la inamovilidad genérica es recomendable que todo patrono documente  lo atinente a las relaciones de trabajo cuyo objeto no sea otro más que prever consecuencias jurídicas de índole económicas y/o penales.

Cabria hacernos la siguiente interrogante ¿Qué Trabajadores están de la inamovilidad laboral?
Por ejemplo: a) los trabajadores que ejerzan cargos de dirección; b) los trabajadores que ejerzan cargos de confianza; c) los trabajadores de temporada, eventuales y ocasionales, d) La estabilidad laboral de los funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En fin, el patrono, empleador o representante del patrono no podrá invocar causas injustificadas para despedir un  trabajador, ni trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones laborales ni tampoco despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo  sin antes haber obtenido la correspondiente autorización del Inspector del Trabajo que lo autorice para ello y siempre oyendo al trabajador y otorgándole las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Las opiniones y comentarios contenidas  en este espacio están sujetas a la normativa contenida en el Decreto-Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas vigentes.













lunes, 7 de agosto de 2017

LA OPCIÓN BILATERAL O PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA




La opción bilateral o promesa bilateral de compraventa consiste en un acuerdo o convenio conforme al cual una persona llamada promitente vendedor y otra llamada promitente comprador se comprometen bilateralmente y recíprocamente a celebrar en un futuro un contrato definitivo de compraventa de un bien mueble o inmueble.


Este tipo de contrato también lo han denominado como contrato preparatorio o preliminar  y su estudio no ha sido fácil en vista de la falta de disposiciones legislativas, la poca atención de la doctrina y la escasa jurisprudencia que no han ayudado a encontrar claridad sobre el tema, sin embargo es                                                  tema llamativo para su estudio.
No hay abogado en ejercicio que no tropiece con la opción bilateral o promesa bilateral de compraventa en su ejercicio diario, porque el mismo ha nacido, principalmente, por el enorme tráfico comercial que ha ocurrido en el último siglo.

Este tipo de contrato tiene como finalidad principal la de celebrar un futuro contrato definitivo de compraventa, bien sea sobre un bien mueble o un inmueble.

La esencia de este contrato radica en la obligatoriedad para ambas partes de desplegar una determinada conducta, una en querer vender y, otra en querer comprar, por eso es bilateral, porque nacen obligaciones contractuales para ambas partes. Nuestra jurisprudencia lo ha considerado como un verdadero contrato de compraventa pues en él están presentes los elementos esenciales de un contrato de venta como son el consentimiento, el objeto y el precio.

Es con motivo de la compraventa donde mayor importancia práctica adquiere el contrato de opción o promesa, pues este viene a ser el puente normalmente entre las negociaciones precontractuales y la compraventa definitiva.

Debe insistirse en que este contrato no transmite la propiedad objeto de la opción o promesa bilateral de compraventa pues su único efecto y finalidad es la de obligar a las partes a celebrar un nuevo contrato que es el de la compraventa definitiva.

También podemos encontrar en la praxis opciones unilaterales de compraventa cuya esencia radica en la obligatoriedad contractual para una de las partes de realizar una determinada obligación y en la posibilidad para la otra parte de decidir si acepta o no libremente la oferta en cuestión.

Debemos ser precavidos  y tener presente a la hora de redactar este contrato de que sus clausulas sean claras que no sean ambiguas y que no den lugar a erróneas interpretaciones a la hora de un conflicto entre las partes.

Este contrato, además de ser escrito y notariado, debe contener, a nuestro juicio, los siguientes elementos: 1) Identificación de las partes; 2) Descripción del objeto que se promete, con indicación de sus linderos, medidas y demás determinaciones; 3) Gravámenes que pesan sobre el bien; 4) Duración del contrato; 5) Precio convenido; 6) Condiciones de la oferta; 7) Otras obligaciones a cargo de las partes, como por ejemplo la entrega de las solvencias, liberación de gravámenes, etc.; 8) Domicilio en donde deban practicarse las notificaciones o comunicaciones con motivo del contrato; 9) Cualesquiera otras clausulas que convengan a las partes, como por ejemplo si el promitente comprador va a gestionar un crédito hipotecario para pagar parte del precio; 10) Especificar si hay entrega de arras; y 11) Causas de incumplimiento, etc.

Las acciones que derivan del contrato podemos resumirlas de la siguiente manera; 1) acción de incumplimiento de contrato el cual conlleva a la resolución del mismo, ejemplo de este supuesto sería que el promitente vendedor no liberase la hipoteca que grava el inmueble y no se pueda protocolizar el documento definitivo de compraventa; y 2) acción de cumplimiento de contrato el cual conllevaría          
que el órgano judicial obligue al promitente vendedor a vender en el precio pactado para el supuesto de que el mismo pretendiese aumentar el precio convenido en el contrato. Estos son supuestos muy puntuales pueden existir varios.

La presente disertación no agota el tema, simplemente se ha buscado aproximarse al mismo con la finalidad de llegar a una comprensión básica. Nada más.




            

SENTENCIA 097 DEL 14 DE MAYO DE 2019. SALA CONSTITUCIONAL. CRITERIO VINCULANTE.

  SENTENCIA 097 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 14 DE MAYO DE 2019. CRITERIO VINCULANTE.   La Sala Constitucional del Tribunal Supremo d...